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por JOSÉ DOMINGO–

Los padres catalanes no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. La Ley de Educación de Cataluña no lo permite. El sistema educativo, con independencia de la lengua habitual del alumno, escolariza en catalán. El único resquicio que deja consiste en señalar al disidente castellanohablante: atención lingüística individualizada en clase en catalán durante un breve periodo de tiempo en la primera enseñanza, si se pide expresamente.

Las normas no reconocen el derecho a ser escolarizado en castellano en un grupo-clase. Por lo tanto, los impresos de preinscripción y de matriculación de los centros educativos no contemplan la posibilidad de expresar opción lingüística alguna en relación con las lenguas de enseñanza. No es necesario. ¿Para qué? A los alumnos catalanes no se les pregunta por su lengua habitual en el momento de incorporarse al sistema educativo. Es decir, en la escuela catalana carece de importancia el lugar de origen, la lengua que hables o con la que te identifiques, el nivel cultural o intelectual, la formación de los progenitores o tutores, las dificultades auditivas o sensoriales: las autoridades educativas aplican a todos la misma receta, escolarización en catalán. Punto final.

Sin embargo, a pesar de que el sistema no reconoce el derecho, 17 familias en el curso 2012-2013 se han atrevido a significarse ante la comunidad escolar y solicitar la enseñanza en castellano para sus hijos. Me parece sorprendente. Confieso que no conozco a ninguna de ellas, pero sí que estoy al tanto de otros que han decidido domiciliarse en otras regiones para que sus  hijos puedan estudiar en castellano y de otros muchos que se han inclinado por no venir a Cataluña por el modelo de escuela. No es de extrañar este resultado, visto el desprecio que reciben de las autoridades y aledaños; la presidenta de Omnium Cultural, Muriel Casals, llegó a calificar de maltratadores a los padres que pedían la enseñanza en castellano.

Con el máximo cinismo, ese dato, el de las 17 familias, es cacareado por las autoridades educativas, los políticos nacionalistas y colaboradores necesarios y los creadores de opinión para justificar la excelencia del modelo educativo catalán. ¡Sólo 17 se salen del redil! Los que ponen todas las trabas, trampas e inconvenientes airean este número, solemnes, para defender su modelo excluyente. Vamos, es como si el gobernador de una prisión birmana utilizara como argumento de autoridad para justificar las excelencias y comodidades de su sistema penitenciario que ninguno de los reclusos había «querido salir voluntariamente» de la prisión. Las rigideces del modelo educativo catalán no permiten la enseñanza en otro idioma oficial que no sea el catalán o el aranés, y, por ello, como en las prisiones tercermundistas, sólo se pueden liberar del agujero quienes pueden costearse la libertad acudiendo, previa la pertinente compensación económica, a la escuela privada.

El modelo de inmersión lingüística obligatoria, del que tanto se ufanan los que precisamente nos están conduciendo al mayor de los fracasos educativos, es claramente inconstitucional. Lo dicen los tribunales. Si la ley no reconoce la libertad de elección, en un modelo de red única sólo cabe la conjunción lingüística: los niños son educados en la primera enseñanza en su lengua habitual y posteriormente de forma equilibrada y vehicular, al menos, en ambas lenguas oficiales. Así de sencillo.

 

José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.

Publicado en El Mundo el 5 de abril de 2013