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A pesar del fallo, Impulso Ciudadano teme que el Consistorio no cambie el protocolo lingüístico. Su presidente, José Domingo, reitera la intención de presentar denuncia por desacato.

El presidente del movimiento cívico Impulso Ciudadano, el ex-diputado autonómico José Domingo, cree que el Consistorio de Barcelona no cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -conocida este jueves- que anula algunos artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana de esa corporación local, resolviendo así el recurso presentado por el Partido Popular (PP).

Domingo, en declaraciones a Radio Intereconomía en Cataluña, ha valorado positivamente la resolución judicial, que reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse en español con el Ayuntamiento barcelonés.

El presidente de Impulso Ciudadano ha recordado que su asociación está a la espera de que el mismo TSJC resuelva el recurso que, en términos muy similares al del PP, presentó en 2010. Sin embargo, a tenor de las últimas declaraciones a TVE en Cataluña del Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en las que ha dejado claro que sólo se dirigirán en español a quienes lo pidan expresamente, José Domingo ha advertido del más que seguro incumplimiento de la sentencia.

En la entrevista televisiva, Trias ha dicho que “lo que no hacemos es cosas que querrían algunos, que no hacemos y no haremos, y es toda la información darla en bilingüe. No tiene sentido, estamos en
Cataluña, estamos en Barcelona, que es la capital de Cataluña y de la catalanidad”.

Si esto se lleva a efecto, el presidente de Impulso Ciudadano ha confirmado sus palabras de hace algo más de un mes en Radio Intereconomía anunciando que denunciaría por desacato al Ayuntamiento de la Ciudad Condal si no cumplía la próxima sentencia del TSJC, que presumiblemente se orientará en idéntico sentido al de la resolución del recurso presentado por el PP garantizando el derecho de los ciudadanos a comunicarse en castellano con la corporación municipal.

El Tribunal Supremo (TS) avaló el pasado mes de abril la decisión de la más alta instancia judicial de Cataluña de suspender cautelarmente –en tanto no se fallara sobre el fondo del asunto- siete artículos del reglamento lingüístico de Barcelona, al establecer el Alto Tribunal que “si no se adoptaba la medida cautelar de suspensión, la aplicación de la disposición general a lo largo de la posible duración del proceso podía hacer perder su finalidad legítima al recurso”, ya que no quedaban garantizados los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

El reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó en el Pleno municipal del 5 de febrero de 2010 y fue recurrido por el PP e Impulso Ciudadano por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

                                                                           Noticia publicado en la Gaceta 02 JUN 2012 | ÁNGEL LEÓN