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por JOSÉ DOMINGO —

Los voceros y los responsables políticos del catalanismo se alarman y ponen el grito en el cielo porque algunos padres pretenden incrementar las horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas. Les acusan de romper la convivencia.

Vista la furia con la que defienden las virtudes del método de inmersión lingüística obligatoria en catalán resulta incomprensible que la UNESCO no haya aconsejado exportar el modelo a todos los países del mundo y que pedagogos finlandeses no peregrinen a la sede del Departamento de Enseñanza a aprender de tamaña excelencia. Todavía es más extraño que lo más granado de la élite catalana –entre ellos, algunos de sus honorables e ilustres dirigentes– esquiven tan «beatífico» sistema y matriculen a sus hijos en centros docentes franceses, alemanes, británicos e incluso suizos.

Lo que es incuestionable es que las autoridades catalanas han dictaminado que estudiar en castellano es nocivo para el catalán. De ahí su obstinación en evitar que cualquier alumno resulte contaminado por el contacto con materias en español. ¿De verdad es tan lesivo? ¿Acaso instruir algunas horas en castellano atonta? Millones de niños en el mundo cursan sus estudios en este idioma, con el que se identifican, y sus resultados dependen de su esfuerzo y de la calidad del sistema educativo. Los datos de la propia Generalitat desmienten el tremendismo catalanista.

Es necesario recordar que la mayoría de los que iniciaron la EGB en el curso 78-79 y siguientes cursaron sus estudios en escuelas bilingües, la inmersión obligatoria comenzó a partir del año 92. Pues bien, la Generalitat convalida automáticamente el nivel C de catalán a quienes terminaron el BUP a partir del curso 88-89, por lo que presume que todas estas personas tienen conocimientos más que suficientes de catalán.

Ninguna norma reconoce el derecho a ser educado en castellano en España. En cambio, el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña sí incluye el derecho –y obligación– de las personas a ser educadas en catalán. El absentismo de los gobiernos de la nación en esta materia ha sido escandaloso. Ha llegado la hora de corregirlo. La Ley debe garantizar la escolarización en castellano también a los catalanes. Quienes quieren lo mejor para sus hijos, que sean educados en catalán y en el idioma nacional de forma equilibrada, no tienen por qué soportar linchamientos ni convertirse en héroes. Debería bastarles con rellenar la hoja de matriculación en un colegio o instituto.

Este artículo fue publicado en la edición nacional del periódico “La Razón” el domingo 11 de marzo de 2012