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La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación.

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Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio.

La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán.

Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar.

La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar impuestos autonómicos, excepto en la medida en que resulte necesario para sufragar el coste de los servicios que la Generalitat nos presta a cada uno. Supongo que al Gobierno catalán no le haría mucha gracia la idea, y con razón.

Pero la cosa es aún peor. Puesto que la Generalitat excluye arbitrariamente de sus cálculos una parte significativa de los costes de los servicios que la Administración central nos presta a los que vivimos en Cataluña, lo que está diciendo realmente el que exige la desaparición del déficit fiscal catalán es que no deberíamos pagar ni siquiera la parte que nos toca de tales servicios, lo cual tiene perendengues.

Cojamos un ejemplo concreto y dejemos que sea el lector el que decida si la forma en la que la Generalitat hace las cuentas —el llamado método de flujo monetario— es o no razonable. Consideremos la inversión del Ministerio de Defensa español en un avión militar de combate que se destina, por concretar, a la base aérea de Zaragoza. A la hora de repartir entre autonomías el gasto correspondiente (y de pensar sobre quién ha de pagarlo en última instancia) hay dos posibilidades. La primera (el método del flujo de beneficio) es considerar que el avión proporciona servicios de defensa que nos benefician por igual a todos los ciudadanos españoles, lo que lleva a repartir su coste entre regiones en proporción a su población. La segunda es imputárselo por entero a Aragón, puesto que el avión está físicamente allí.

Aunque el sentido común seguramente sugiere lo contrario, la Generalitat argumenta que la segunda opción es, de hecho, la más razonable porque recoge mejor el impacto del gasto público sobre la actividad económica. Pero esto es bastante dudoso y, en cualquier caso, no es relevante. Empezando por el final, los Gobiernos compran aviones militares para patrullar el espacio aéreo y no para crear empleo. Y el avión es, además, un buen recordatorio de que la localización del gasto público y su impacto económico pueden tener poco o nada que ver la una con el otro. Donde realmente se crea empleo y renta en este caso no es donde se aparca el avión, sino donde se fabrica, lo que seguramente nos lleva fuera de España (y según y como, a la peregrina conclusión de que nadie debería pagar el aparato). Algo más de sentido tiene el argumento de la Generalitat cuando hablamos del piloto y de los mecánicos de la aeronave. Sin duda, todos ellos tendrán que alquilar o comprar una casa en Zaragoza e irán allí al peluquero y al supermercado. Pero, incluso en este caso, existirán efectos desbordamiento importantes que hacen muy difícil predecir el impacto territorial del gasto público sobre la actividad económica. Los coches del personal militar pueden venir de la propia Zaragoza, pero también de Vigo, Martorell, Valladolid o Corea, su ropa puede estar hecha en Galicia o en Asia, su comida puede provenir de cualquier parte del mundo y los azulejos de su casa seguramente vendrán de Castellón.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva. No se puede negar que la gota malaya de la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el punto de crear entre una buena parte de la población catalana la percepción de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable. La mejor forma de combatir tal percepción es con luz y taquígrafos. En vez de dar la callada por respuesta como ha hecho siempre, el Gobierno español debería tomar la iniciativa poniendo encima de la mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensión territorial de sus actuaciones, explicándolos en detalle y haciendo un poco de pedagogía sobre las implicaciones territoriales del Estado de bienestar.

Ángel de la Fuente es investigador en el Instituto de Análisis Económico, CSIC.

Artículo públicado en el Diario “El País” el día 31 de mayo de 2013