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IMPULSO CIUDADANO expresa su posición ante el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

1.- En primer lugar, rechaza por inexacta la interpretación que ha hecho el Gobierno de Cataluña de la resolución judicial. Es completamente falso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado la inmersión lingüística obligatoria en catalán. El Tribunal no se pronuncia sobre ello. Es más, la única defensa de las posiciones de la Generalitat se contiene en el voto particular de la sentencia, es decir de 24 magistrados solamente una ha defendido que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza en el sistema educativo catalán.

2.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara expresamente que la Generalitat no ha ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que, se ha de recordar, obligaba a la Administración educativa catalana a adoptar las medidas necesarias para hacer del castellano también lengua vehicular.

3.- Impulso Ciudadano lamenta que la resolución procesal del asunto se demore a una nueva resolución del Tribunal Supremo, dado que son muchos los alumnos catalanes afectados por un sistema que impide hacer del castellano y catalán las lenguas vehiculares de forma equilibrada y racional en una sociedad bilingüe. En todo caso, se ha de entender de la lectura del auto que en aquellos centros educativos en los que cursen las alumnos afectados por la sentencia se ha de reintroducir el castellano como lengua vehicular junto con el catalán.

4.- Impulso Ciudadano rechaza la manipulación de la opinión pública llevada a cabo por las autoridades catalanas y advierte que, en modo alguno, puede darse por finalizado el conflicto en la escuela catalana mientras se sigan conculcando los derechos de miles de padres y alumnos que defienden la educación bilingüe en Cataluña. En este sentido, se ha de recordar que ya existen abiertos nuevos procesos judiciales que denuncian la inconstitucionalidad del sistema educativo catalán.

5.- En todo caso, es imprescindible que, para resolver esta situación conflictiva que se arrastra desde hace muchos años, el Gobierno de la Nación impulse las medidas legislativas necesarias, en concreto en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, para reconocer el derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional.
En Barcelona, a ocho de marzo de dos mil doce.