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Los expertos  coinciden en que el modelo constitucional da síntomas de agotamiento.

 

Tres de los máximos expertos en Derecho Administrativo fueron convocados por Impulso Ciudadano y la Fundación Transición Española el viernes, 28 de junio, en el centro cívico Fort Pienc para valorar el estado actual en el que se encuentra la Constitución española en una mesa redonda con el título “¿Necesita España un cambio en su estructura territorial?”.

Los profesores Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado y Joaquín Tornos Mas fueron presentados por José Luís de Zavala Richi, Presidente de la Fundación Transición Española, quien reseñó sucintamente su currículo destacando de los catedráticos de  la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández y Muñoz Machado, que fueron miembros de la Comisión de expertos sobre autonomías que en el año 1981 elaboró el Informe sobre el estado de las autonomías,  y del catedrático de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos, su condición de expresidente del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña.

Los tres ponentes coincidieron en que la Constitución de 1978  presenta un balance positivo en términos generales, pero comienza a dar señales de agotamiento, sobre todo, en el modelo territorial. Para Tomás Ramón Fernández la reforma es imprescindible y Muñoz Machado calificó el problema como “descomunal” porque “a los españoles les gusta más el poder constituyente que reformar constituciones”. En esta línea, profundizó Joaquín Tornos que no advierte en los principales actores (los partidos políticos nacionales) una voluntad de llevar a cabo la reforma constitucional por lo que se mostró partidario de crear estados de opinión a favor de la misma.

Recordaron los catedráticos que con la regulación del Título VIII se pretendió dar satisfacción a las denominadas “autonomías históricas”. A la vista del resultado, no se ha conseguido el objetivo y buena prueba de ello es que, actualmente, las que reclaman un cambio más radical del modelo, planteando alternativas secesionistas, son Cataluña y País Vasco. En cambio, las élites locales del resto de las Comunidades autónomas están cómodas con el actual modelo dado que han acumulado un poder que no habían imaginado.

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Según ellos, el origen del problema se debe a la naturaleza abierta del modelo constitucional  (principio dispositivo) en el que la ausencia de reglas precisas ha permitido una estructura confusa e ineficiente en el que el universo de normas jurídicas dictadas por las asambleas legislativas autonómicas convierten el marco normativo en inmanejable. Entonó el “mea culpa” Muñoz Machado al afirmar que los expertos han hecho decir a la Constitución lo que no dice y han provocado la confusión del Tribunal Constitucional que se ha perdido en conceptos como competencias exclusivas, competencias concurrentes y desarrollo legislativo. Además, la falta de claridad ha originado un problema en la ejecución de las leyes por las Administraciones que hace que se esté llegando a una situación caótica.

Joaquín Tornos, coautor de la propuesta de reforma de Constitución elaborada por la Fundación Rafael de Campalans, vinculada al PSC, presentó su modelo: Estado federal de base plurinacional integrado por las Comunidades Autónomas existentes actualmente, con aceptación del principio de lealtad federal. A continuación desgranó una serie propuestas que calificó de técnicas: reconocimiento del Senado como cámara territorial en la que estarían representados los Gobiernos autonómicos; fin del principio dispositivo, con la aprobación de una lista única de competencias del Estado y de las Estados federados; cierre de la vía de la transferencia de competencias del Estado a las nacionalidades y regiones (art. 150.2) y asunción del máximo posible de competencias por los Estados federados en razón al  principio de subsidiariedad; definición de los Estatutos de Autonomía como la Constitución de las Comunidades Autónomas; incremento de la colaboración entre Comunidades Autónomas y Estado central mediante el reforzamiento de las Conferencias sectoriales y de Presidentes; descentralización del poder judicial en clave federal (los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas serán la última instancia en materia de recursos y potenciación de sus salas de Gobierno en detrimento del Consejo General del Poder Judicial); cambio del modelo de financiación autonómica que se asentaría en la reforma quinquenal de la LOFCA y la implantación de los principios de suficiencia de recursos, de solidaridad (con la modificación de los criterios en que se asienta el cupo vasco y navarro), de ordinalidad, de autonomía en la recaudación y de mejora de la financiación de los entes locales. Resumió, finalmente, su propuesta en dos ideas fuerza, la de la unidad del Estado con respeto a su diversidad y la de la asimetría que no debe significar privilegio.

El cariz federal de la reforma no alarmó ni a Muñoz Machado ni a Tomás Ramón Fernández,  tanto uno como otro coincidieron en que lo importante no es la marca sino el contenido de la propuesta. De todas maneras, el autor del “Informe sobre  España” y flamante miembro de la Real Academia de la Lengua Española alertó que el sobredimensionamiento del constitucionalismo federal no resuelve el problema, en cuanto que dejará  en pie el problema catalán. Especialmente crítico fue Tomás Ramón Fernández con la propuesta asimétrica, defendiendo que “todos tenemos los mismos derechos, con independencia de los orígenes”. En esta línea y entrando en el terreno de lo concreto, discrepó de la propuesta de la reforma constitucional federal en lo que hace referencia al papel del Senado, recordando que el modelo propuesto se asemeja al del controvertido Senado alemán. También se distanció de la federalización del poder judicial, dado que el derecho estatal no puede depender del derecho de las Comunidades autónomas. Tras calificar como “pequeñeces” las diferencias incidió en que el Estado autonómico es positivo y que debía valorarse esa afirmación por venir de un jacobino. Ahora bien, las reformas que se emprendan –aventuró-  no servirán de nada sin el imprescindible consenso y lealtad constitucional.

En el coloquio, moderado por el Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, los asistentes con sus preguntas y exposiciones dieron relieve a los aspectos trascendentales de la reforma propuesta: ¿Es viable una reforma destinada a complacer a las fuerzas separatistas que lo que pretenden es dejar de pertenecer a España? ¿No es necesario simplificar y racionalizar el mapa autonómico? ¿La igualdad de los derechos entre los españoles no puede verse en entredicho por el incremento de las competencias autonómicas? ¿Está salvaguardado el pluralismo cultural si las competencias en educación y cultura quedan en manos  de cada Comunidad Autónoma? ¿Es posible combinar el concepto de nación aplicado a España y a algunas comunidades autónomas?

La contundencia de las preguntas exigió una previa de Joaquín Tornos -“lamento la deriva soberanista”- para afirmar, a continuación, que la propuesta de reforma federal pretende reconducir el tema territorial y dar una solución para el conjunto de España. Las posiciones eran diferentes pero no muy alejadas entre los catedráticos y, a modo de epílogo, Tomás Ramón Fernández, autor de “España, un Estado débil rodeado de diecisiete estaditos”, concluyó: “Si nos ponemos los tres seguro que llegamos a un acuerdo sobre la reforma constitucional”. Al fondo de la sala, una voz evocaba la estructura francesa como modelo alternativo al actual, y en las postrimerías del acto otro asistente se lamentaba de que debates de esa categoría no tuvieran mayor difusión en los medios de comunicación. Mientras tanto, la televisión pública catalana destacaba sus unidades móviles para retransmitir en directo un concierto autodenominado de la libertad que se fundamenta, curiosamente, en explosionar el régimen constitucional de libertades actuales.

Enlaces de noticias relacionadas con la Mesa redonda

– Dialogo libre 28/06/2013: “Hay que reformar el titulo 8 para salvar la Constitución”

– El Debat 29/06/2013: “Els polítics han de negociar per a reformar la constitució”