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El  actual proyecto de ley es incompatible con la doctrina del TC y discrimina a los alumnos castellanohablantes

Las entidades por la libertad de elección de lengua en España presentan enmiendas a la LOMCE

Madrid, 13/3/2013

Representantes de seis entidades por la libertad lingüística en Comunidades Autónomas bilingües: Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Cívico Valenciano, (Comunidad Valenciana), Fundación Nacional Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Impulso Ciudadano (Cataluña) y Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua (País Vasco), hemos presentado conjuntamente esta mañana en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, enmiendas al anteproyecto de la LOMCE.

De acuerdo con nuestro criterio, el anteproyecto de ley es incompatible con la doctrina del TC porque no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas del castellano, y relegar a una situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística.

Efectivamente, el anteproyecto prevé dos vías

1)      Posibilidad de recibir todas las materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano, para los alumnos cuyos padres así lo deseen.

2)     Posibilidad de recibir la enseñanza utilizando como vehiculares ambas lenguas oficiales, aunque este reparto quedará a criterio de lo que decida cada Comunidad Autónoma. Es decir, no se establece ninguna cautela para impedir que la enseñanza en castellano, la otra lengua oficial, sea una mera apariencia.

En suma, la propuesta del Gobierno es  elegir entre estudiar todo en lengua autonómica o casi todo en lengua autonómica. Aunque valoramos positivamente que la ley prevea para todas las CCAA con lengua cooficial la puesta en marcha de más de una línea de enseñanza, lamentamos que no se garantice la posibilidad de que los alumnos sean educados en español, siendo así que es competencia del Gobierno español asegurar a todos los ciudadanos la enseñanza en la lengua común.

El TC ha declarado constitucional tanto el sistema de libre elección de lengua vehicular como el de conjunción lingüística (o sea, presencia de ambas lenguas como vehiculares). Lo que no ha avalado es un sistema de enseñanza exclusivamente en la lengua autonómica, si no se ofrece paralelamente la posibilidad de hacerlo exclusivamente en castellano.

Por ello, proponemos un sistema de tres vías, sin cortapisas, con un régimen que garantice el cumplimiento de la Ley y con un reforzamiento de la Alta Inspección del Estado.

También abogamos porque los centros educativos no sean instrumento para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto de “normalizar” el uso de las lenguas diferentes del castellano. Es imprescindible que las Administraciones velen por la necesaria neutralidad política e ideológica en la educación. Por esta razón, ha sido incluida en las enmiendas una relación  de supuestos basados en la casuística de la que estas asociaciones tienen constancia, y se ha previsto un régimen sancionador. Entre estas prácticas se encuentran, por ejemplo: el uso de expresiones que pretenden transmitir que sólo una de las dos lenguas oficiales es la verdadera lengua de los miembros de la comunidad; la defensa sectaria por parte de profesores de una determinada posición política o ideológica sobre un asunto de debate social; el reparto de material propagandístico sectario o la incitación a la participación de los alumnos en actos de protesta, especialmente cuando son contrarios a valores constitucionales o incluyen incitación a la intolerancia, el odio o la discriminación.

Pretendemos que no se desperdicie la oportunidad que se abre con esta nueva ley, y que el sistema educativo español se dote de un modelo en el que se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos; un sistema homologable  a los de las democracias con más de una lengua oficial en un mismo territorio, y respetuoso con tratados internacionales suscritos por España, como la CELRM (Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, 1992). En este momento, en todas las CCAA con lengua cooficial se está produciendo, en mayor o menor medida, una discriminación hacia los alumnos que prefieren ser instruidos en español. Estas entidades se proponen dar voz y servir de cauce a las personas que anteponen los derechos de los alumnos a los intereses de grupos nacionalistas y de sectores económicos que se benefician de la llamada normalización lingüística, y que son quienes tradicionalmente han actuado con éxito como grupos de presión ante los gobiernos de diferente signo.

Estas propuestas serán también remitidas a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al Consejo Escolar del Estado. Paralelamente, se iniciará una campaña para concienciar a todos los españoles de que la defensa de la libertad lingüística y la erradicación del adoctrinamiento en las escuelas, aun siendo competencia del Estado, requieren del compromiso de la ciudadanía, por lo que se recabará  el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

Este documento ha sido entregado al Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, D. Alfonso González, cuya amabilidad al recibirnos agradecemos en la esperanza de que sea el signo de que el Gobierno está interesado en impulsar las reformas necesarias para garantizar la libertad de elección de lengua y el derecho a ser escolarizado en español en toda España.