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Impulso Ciudadano anuncia que presentará recurso contencioso-administrativo contra el modelo de Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público de Cataluña.

Josep Mercadé (CiU), director de los servicios territoriales de la Consejería de Salud de la Generalidad en Tarragona (foto: gencat.cat).

La Delegación Territorial de IMPULSO CIUDADANO en Tarragona, ha informado a la Junta Directiva de la Asociación que el pasado 9 de enero se comunicó por el Director de los Servicios Territoriales de Salud en Tarragona, Josep Mercadé, a los profesionales sanitarios el modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña.

Dicho modelo contiene las instrucciones generales a seguir por estos profesionales en lo que hace referencia a los usos lingüísticos en el ámbito de la sanidad pública. Se pueden resumir en los siguientes principios:

  • El modelo de protocolo regula el uso de las lenguas oficiales y no oficiales en las actividades profesionales orales y escritas.
  • Declara que el catalán debe ser la lengua de comunicación oral del personal en su ejercicio profesional, aún cuando se observe dificultad de comprensión de este idioma por el paciente. En el caso de que no se entienda el catalán y si el castellano, se permitirá el uso de este último idioma, pero tratando de “repetir palabras o frases similares en catalán”. Las conversaciones telefónicas deben iniciarse obligatoriamente en catalán.
  • La documentación interna de los centros sanitarios ha de ser en catalán, de manera que se utilizará siempre el catalán en la edición o elaboración de materiales escritos. Ninguna previsión respecto al castellano. En el caso de documentos con versiones multilingües, el catalán siempre ha de tener preferencia y se dispone expresamente que las versiones distintas al catalán no sean oficiales y que no estén a disposición directa del público.
  • El catalán se utilizará en las historias clínicas, y el paciente podrá disponer de la traducción al castellano si lo solicita.
  • La documentación externa se ha de realizar en catalán, salvo que los usuarios soliciten una versión en castellano.
  • La lengua vehicular y la del material de apoyo de los cursos de formación del personal del sector público ha de ser normalmente en catalán.
  • El uso de las lenguas no oficiales debe ser excepcional y sólo reducido a dos casos: para la nueva población (sólo durante el período de acogida) y para los turistas en momentos puntuales.

A juicio de IMPULSO CIUDADANO, estas reglas son contrarias al Estatuto de Autonomía de Cataluña en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional que estableció como criterios de uso por parte de las Administraciones la igualdad de las lenguas oficiales y el derecho a su uso por parte de la Administración, derecho que, lógicamente, también alcanza a los profesionales sanitarios.

La obligación de usar el catalán en detrimento del castellano es claramente anticonstitucional y, además, vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la vigente Ley General de Sanidad que dispone que deba respetarse la personalidad de los mismos sin que puedan ser objeto de discriminación, tampoco por razón de lengua. Las medidas propuestas ignoran que los pacientes tienen derecho a la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso en formatos adecuados.

Resulta desolador que el Gobierno catalán olvide, una vez más, que los poderes públicos deben orientar sus políticas de gasto sanitario a corregir las desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos. Por ello, en momentos en que la sanidad catalana está perdiendo calidad y equidad, es lamentable que se destinen esfuerzos en fomentar políticas absurdas de corte identitario en un espacio como el sanitario que debería estar presidido por la eficacia en el tratamiento al paciente y no por el control exhaustivo de los usos lingüísticos de los profesionales sanitarios.

Por ello, IMPULSO CIUDADANO anuncia que interpondrá recurso contencioso-administrativo contra el protocolo que regula los usos lingüísticos para el sector público de Cataluña. Asimismo, anuncia igualmente que dará apoyo a todos aquellos profesionales que quieran impugnar esa normativa y a tal efecto habilitará en su página web un espacio para dar esa información.

Dada la gravedad de los acontecimientos, reclama a los partidos políticos y asociaciones de defensa de la sanidad que reprueben a los actuales responsables del Departamento por su equivocada política de prioridades que hace prevalecer políticas discriminatorias hacía los pacientes y profesionales sobre la mejora de la sanidad pública en un momento en el que la política de recortes hace que esté sufriendo un evidente deterioro que sólo se está paliando gracias al esfuerzo de sus profesionales y al sentido cívico de la ciudadanía.