IC interpone recurso de casación contra la sentencia del TSJC por desestimar el recurso contra el decreto de dirección de centros docentes También denuncia la manipulación nacionalista que presenta la reforma educativa del Gobierno como un ataque al catalán cuando ni siquiera asegura la condición del castellano como lengua vehicular. Ante la información publicada en varios medios de que el TSJC ha desestimado el recurso contencioso administrativo contra el Decreto de la Generalitat de dirección de centros docentes, Impulso Ciudadano pone de manifiesto que si bien es cierto que el Tribunal desestima el recurso también es verdad que hace una interpretación favorable a la cooficialidad lingüística del precepto impugnado que obligaba a los directores de los centros públicos a garantizar que el catalán fuera la lengua vehicular de enseñanza, administrativa y de comunicación en las actividades de los centros docentes. Es decir, que lo que afirma el Tribunal es que los directores de los centros docentes deben velar tanto para que el catalán como el castellano sean lenguas vehiculares de educación de acuerdo con la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional en sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, es radicalmente falso que el TSJC avale que el catalán es la única lengua vehicular de enseñanza. Impulso Ciudadano ha presentado el recurso de casación, admitido a trámite por el TSJC, contra la sentencia fundamentalmente por considerar que no cabe una interpretación favorable al mantenimiento de la norma sino su derogación en aras del principio de seguridad jurídica y, por ello, ha defendido que antes de resolver el recurso se planteara cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña. Esta pretensión la reproducirá ante el Tribunal Supremo por entender que el régimen lingüístico en Cataluña es claramente contrario a los artículos 3 (cooficialidad lingüística), 27 (derecho a la educación) y 14 (igualdad de los españoles) de la Constitución. Impulso Ciudadano lamenta la campaña de tergiversación y manipulación que está llevando a cabo, una vez más, el nacionalismo catalán. En esta línea consideramos que la reforma educativa que impulsa el Gobierno de España es insuficiente para garantizar la presencia normalizada de las dos lenguas oficiales en la educación catalana. Por lo tanto no estamos ante un proceso de ataque al catalán, como torticeramente se sostiene, sí por el contrario ante un proyecto nuevamente fallido que no asegura la educación bilingüe a los alumnos catalanes. Barcelona a
IMPULSO CIUDADANO solicita del TSJ de Cataluña que presente cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite y ha dado traslado a la Generalitat de la demanda contra el Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 – 11/11/2010) presentada por IMPULSO CIUDADANO. La demanda pretende la nulidad del art. 6.d) del Decreto que obliga a los directores y directoras de los centros educativos públicos y concertados de Cataluña a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro. La normativa permite a los directores sancionar al personal que no utilice esta lengua como vehicular y a la Generalitat cesar a los Directores y directoras en caso de incumplimiento de esta función. Como cuestión previa, IMPULSO CIUDADANO ha solicitado al Tribunal que presente ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad contra el Título II de la Ley de Educación de Cataluña que regula el régimen lingüístico del sistema educativo catalán y contra el artículo 142.5 de la LEC que obliga a los directores a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, de la administración y de la comunicación en los centros educativos. La demanda, de cincuenta folios, que se acompaña como ANEXO, se fundamenta en que, de acuerdo con la vigente ley de educación catalana, el modelo educativo dejaría de ser de conjunción lingüística para pasar a ser de exclusión del castellano como lengua docente. Este modelo es incompatible con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que declaró la constitucionalidad del artículo 35 del Estatuto, siempre que se interpretara que el castellano y el catalán son lenguas vehiculares de la enseñanza y obligaba a las Administraciones a garantizar ese mandato. IMPULSO CIUDADANO considera que la actual normativa pretende hacer del catalán la única lengua vehicular de enseñanza en los centros educativos públicos y concertados de Cataluña y que el objetivo de la LEC no es normalizar el catalán (muy arraigado socialmente), sino potenciar su carácter identitario: hacer de este idioma el instrumento para construir la nación catalana. Esta tesis se justifica en el preámbulo y articulado de la LEC, en los trabajos parlamentarios de
