El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, ha emitido su segundo informe semestral que recopila los incidentes relacionados con la violencia política y el odio ideológico cometidos en Cataluña, en este caso, de julio a diciembre de 2019.
Impulso Ciudadano pide terminar con los símbolos secesionistas pagados y colocados con fondos públicos
Durante casi dos meses hemos seguido aquí, día a día, la actualidad de la evolución de la pandemia de coronavirus. Han sido más de cien gráficos que pretendían facilitar el acceso a una información compacta y simplificada a un fenómeno complejo. Tenemos que interrumpir hoy ese seguimiento debido a una nueva ruptura en los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Actualmente el caos en la generación de información es muy importante e imposibilita cualquier análisis mínimamente riguroso de la evolución de la pandemia.
La crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses ha causado miles de muertos y la paralización de la actividad económica de nuestro país. Esta situación, de extraordinaria gravedad, ha de ser asumida plenamente por la sociedad, las instituciones y los dirigentes políticos, y exige una respuesta eficaz. Desgraciadamente, las medidas adoptadas hasta ahora no han ido en la línea adecuada y, tras más de un mes de confinamiento, la pandemia sigue provocando pánico en la población y una desoladora perspectiva social y económica. Es la hora de las decisiones extraordinarias.
Sant Andreu de la Barca es una localidad catalana integrada en el llamado cinturón industrial de Barcelona. Es uno de los pueblos cercanos a la ciudad condal donde se fueron asentando desde mediados del siglo pasado, miles de personas provenientes de otros lugares de España. Su fin era trabajar para las factorías y empresas que recién iniciaban su actividad y radicarse definitivamente aquí en Cataluña.
8/04/2020
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha elevado una queja al Defensor del Pueblo ante el hecho de que “la Generalitat de Cataluña, de manera premeditada, esté dificultando la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores asistenciales, de prevención y de control de la pandemia del coronavirus”.