Miembros de la junta directiva de la asociación destacan y comentan algunos artículos de nuestra Carta Magna para celebrar el día en el que una abrumadora mayoría de españoles ratificamos en referéndum nuestro gran pacto de convivencia. (más…)
José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells el número de actas de inspección levantadas y sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo a comercios y empresas durante el año 2009 por no tener la rotulación en catalán. El diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo un trozo de papel escrito a mano para cambiar la palabra “peluquería” por “perruqueria”. Domingo ha denunciado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes para demostrar que un empresario denunciado tenga en el escaparate algunos carteles en castellano y que por esta razón se le imponga una multa de 1000 €. Domingo califico la política de sanciones lingüísticas como un “despropósito” y un “disparate” y solicito al Conseller que derogue la legislación vigente porque “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”. José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de Cataluña, acerca del número de actas de inspección que han sido levantadas por la Agencia Catalana de Consumo y el número de sanciones que han sido impuestas por incumplimiento de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero de política lingüística, durante el año 2009, y cuál ha sido el importe de dichas sanciones que establecen la obligatoriedad de rotulación en catalán. En sus respuestas, el Conseller Castells ha reafirmado que los derechos lingüísticos son un derecho más de los consumidores y reconocido que en el año pasado se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas, lo que supone un 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado por un total de 148.100 €, cerca “de los 125 millones de las antiguas pesetas”. Por la información proporcionada se deduce que ha habido alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras por motivos lingüísticos y que más de 2.800 comerciantes han decidido cambiar la rotulación para no ser sancionados. En su réplica, el diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto reciente de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo del establecimiento
Lorenzo Castelreanas Puyó, originario de Sigüés, un pequeño pueblo de Zaragoza, presidente de la Asociación Lengua Común, una nueva entidad constituida en el verano de 2009 como respuesta a la tramitación parlamentaria de la Ley de Lenguas de Aragón, valora la ley de lenguas aprobada en el parlamento aragonés. Además, es afiliado a la Asociación por la Tolerancia, de Cataluña. ... - El proyecto de Ley de Lenguas presentado por el PSOE declara la “voluntariedad” y la “territorialidad” del aragonés y del catalán, pero no su cooficialidad. - Es cierto, pero gracias a una intervención nefasta del PAR y del PP esa cooficialidad que el PSOE no introducía va a ser posible. La Ley del Patrimonio Cultural, aprobada en 1999 por el Gobierno del PP y del PAR, manifiesta explícitamente en su artículo cuarto que el aragonés y el catalán son lenguas propias de Aragón. Posteriormente, en una segunda disposición derogatoria, manifiesta que una futura Ley de Lenguas deberá fijar la cooficialidad de ambas lenguas. El PSOE, que quería controlar dicha cooficialidad para no verse obligado a incorporarla de inmediato, presentó una enmienda para derogar esa disposición de la Ley del Patrimonio, pero ese intento se vio frustrado porque el PAR se abstuvo y, vergonzosamente, el PP votó en contra. ... Puedes ver la entrevista completa en La Voz Libre.
Impulso Ciudadano pone en conocimiento de la opinión pública que el exconcejal del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), ENRIQUE ABAD, ha solicitado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona que ordene nuevamente al Ayuntamiento de Sant Pol de Mar reponer la bandera nacional española en la fachada, en las dependencias municipales y de forma preferente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 17 de enero de 2012. La bandera española fue colocada el pasado 21 de febrero en el salón de plenos y en la fachada del ayuntamiento; pocos días después, el 27 de febrero, fue quemada la que se encontraba en el balcón y desapareció la que se había incorporado al salón de plenos. Repuesta la de la portada el día 28 de febrero, fue sustraída extrañamente del mástil de la fachada el día 7 de abril por unos desconocidos que no fueron detenidos, a pesar de que las dependencias de la policía municipal se encuentran al lado del edificio de la corporación municipal. Desde entonces, el equipo municipal no la ha repuesto al igual que tampoco ha colocado la del salón de plenos, que ya había desaparecido mucho antes. La reiterada ausencia de la bandera española (la catalana y la de Sant Pol de Mar continúan exhibiéndose) pone de manifiesto que la voluntad de la corporación municipal es no dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, por lo que en el escrito dirigido al Juzgado el exconcejal y miembro de Impulso Ciudadano, Enrique Abad, censura la actitud de la alcaldesa, y pide al Juez que valore los posibles daños y perjuicios que al orden constitucional comporta el comportamiento de la máxima responsable del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. A la vista de la intencionada falta de cumplimiento de la Ley de Banderas por parte de la alcaldesa, ha solicitado al Juez que presente denuncia (levantar testimonio de particulares) ante el Juzgado de Instrucción por si hubiera incurrido en un posible delito de desacato a la autoridad judicial, previsto en el artículo 410 del vigente Código Penal. Documento presentado
