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Excmo. Sr. Ángel Gabilondo Pujol
Ministro de Educación
C/ Alcalá, 34
28071, Madrid

Señor,

En relación a la entrevista publicada el lunes 22 de marzo de 2010 en el diario El Mundo en la que afirma que espera “que en España no se le persiga a nadie por rotular de una u otra manera”, desde la asociación Impulso Ciudadano queremos trasladarle la desazón y tristeza que a muchos catalanes les produce comprobar el grado de desconocimiento de la realidad catalana por parte de un miembro del Gobierno que se podría colegir de sus palabras.

Como no podemos pensar que dicha afirmación sea consecuencia del desinterés o de la voluntad manifiesta de mirar hacia otro lado en relación al tema de las sanciones a empresarios catalanes por motivos lingüísticos, desde Impulso Ciudadano ponemos a disposición del Sr. Ministro una serie de informaciones que podrán serle de utilidad en futuras opiniones en relación a esta cuestión.

Desde hace doce años, la Disposición adicional quinta de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, prevé la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y defensa de los consumidores, a todas aquellas empresas y entidades que incumplan los artículos referidos a la obligatoriedad de que toda la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público estén redactados, al menos, en catalán. La aprobación de dicha disposición legal ha supuesto, desde entonces, que todas las rotulaciones redactadas sólo en castellano pasen a ser consideradas ilegales, mientras que las redactadas exclusivamente en catalán son consideradas conformes a la ley.

Ante este tsunami de ilegalidad sobrevenida, la Administración catalana ha optado durante estos años por dos vías. En una primera fase, desde la aprobación de la Ley 1/1998 hasta el último gobierno de CiU (1998-2003), se subvencionó a aquellas empresas que cambiaban su rotulación del castellano al catalán, quedando excluidos los empresarios que optaban por una rotulación bilingüe, en principio, perfectamente legal. En una segunda etapa, desde la llegada al poder del primer gobierno tripartito hasta el presente (2003-2010), se ha optado por la vía coercitiva, la apertura de expedientes y la sanción a todos aquellos establecimientos que no rotulen en catalán (al menos). Así, en el año 2003 se impusieron dos multas por un total de 1.200 €; en el 2004, 22 multas por 46.300 €; 119 multas en 2005 por 122.050 €; 194 en 2006 por 55.675 €; 138 infracciones en el 2007 por 138.150 €, y, en el 2008, se sancionaron 209 establecimientos.

El propio Conseller Castells reconoció recientemente en respuesta parlamentaria que durante el 2009 se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas relacionadas con la rotulación por un total de 148.100 €, lo que supuso el 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado. De acuerdo con esta información, se deduce que durante el año 2009 se realizaron alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras y que más de 2.800 comerciantes decidieron cambiar la rotulación para no ser sancionados. La futura ley del código de consumo de Cataluña, actualmente en proceso de tramitación, y que será aprobada en breve, prevé un endurecimiento de estas sanciones, el reconocimiento de unos supuestos derechos lingüísticos de los consumidores, y la obligatoriedad de la denuncia en base a la vulneración de estos derechos.

Por todo ello, nos han sorprendido sus manifestaciones, tanto la citada al inicio de esta carta, como la de que “en España el tema de la lengua se ha vivido con bastante normalidad”, que nos hace dudar si compartimos con usted, persona de reconocida trayectoria universitaria en el campo de la hermenéutica y el sentido de las palabras, el significado de bastante y de normalidad. No obstante, lo que nos parece todavía más preocupante es su afirmación de que aspira “a vivir en un país donde el bilingüismo se entienda como la posibilidad de rotular en cualquiera de las lenguas cooficiales, pero, si hay disposiciones legales, deben cumplirse.” Compartimos plenamente la primera parte de su afirmación y por ello luchamos, sin embargo, el pero con que concluye su razonamiento nos hace temer que su desconocimiento de la situación descrita no sea tan grande como parece.

Permítanos recordarle, como conclusión, que en esta parte de España que es Cataluña, un buen número de ciudadanos confiamos en que el Gobierno de todos los españoles será, siempre, el máximo garante y defensor del marco de convivencia del que nos hemos dotado y que velará por el cumplimiento de la ley máxima de nuestro país, la Constitución. Sus palabras, o las de cualquier otro miembro del Gobierno, relativizando, contemporizando, o, simplemente, ignorando la vulneración flagrante de los derechos de los ciudadanos catalanes que tienen como lengua de identificación el castellano, lengua común de todos los españoles, sólo sirven para incrementar nuestra desoladora sensación de abandono.

Atentamente,

José Domingo Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano