Impulso Ciudadano celebra el auto dictado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estima parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la entidad y ordena al Parlament de Cataluña colocar de forma inmediata y permanente la bandera de España junto a la de Cataluña en el exterior del edificio . La resolución judicial reconoce que la práctica seguida hasta ahora —consistente en colocar la bandera únicamente en días de pleno o retirarla de forma habitual— es contraria a la legalidad vigente, que exige que la bandera de España ondee todos los días en los edificios públicos. El auto recuerda que esta obligación no es opcional ni simbólica, sino una exigencia jurídica derivada de la Constitución y de la Ley 39/1981, que impone la presencia permanente de la bandera nacional como expresión de la soberanía, la unidad del Estado y los valores constitucionales que representa . Asimismo, el Tribunal descarta que la adopción de esta medida cautelar cause perjuicio alguno al interés general. Al contrario, subraya que su finalidad es garantizar el cumplimiento de la ley y la correcta representación institucional de todos los ciudadanos. La resolución judicial confirma que el respeto a los símbolos oficiales no es una cuestión menor ni protocolaria, sino una exigencia jurídica que garantiza la neutralidad institucional. La bandera de España simboliza la participación de todos los catalanes en el proyecto común constitucional y su exclusión constituye una forma de exclusión simbólica incompatible con un Estado democrático de derecho. Impulso Ciudadano subraya además que la normativa establece que la bandera de España debe ocupar un lugar de honor y no puede ser inferior en tamaño a otras banderas oficiales. Por ello, resulta incompatible con la legalidad la existencia de banderas autonómicas de dimensiones desproporcionadas en espacios públicos, como la señera gigante instalada en el parque de la Ciudadela, que deberá ser retirada para cumplir la normativa vigente. La asociación considera que la política de símbolos tiene una importancia fundamental en una democracia. La persistente resistencia de los sectores nacionalistas a cumplir la ley en esta materia demuestra que no se trata de un asunto secundario. La exclusión simbólica de los símbolos comunes precede y facilita la exclusión real de las instituciones del Estado y de los derechos garantizados por la Constitución. Impulso Ciudadano continuará trabajando para que en Cataluña se respete la legalidad, la neutralidad institucional
Impulso Ciudadano anuncia que está preparando la interposición de varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo frente a las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de las prestaciones por desempleo, determinadas prestaciones familiares no contributivas del sistema de Seguridad Social y el seguro escolar. Los recursos se dirigirán frente a los correspondientes reales decretos de traspaso de las competencias al País Vasco y las órdenes ministeriales que publicitan los convenios de transferencia. El traspaso tendrá eficacia a partir del 1 de enero de 2027. La entidad considera que estas transferencias quiebran principios esenciales del sistema constitucional de Seguridad Social y generan un precedente institucional extremadamente grave. Peligrosa territorialización del sistema de Seguridad Social El artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Este mandato constitucional se ha construido históricamente sobre tres pilares básicos: la unidad del sistema, la solidaridad financiera de todos los ciudadanos y la igualdad en el acceso a las prestaciones. A juicio de Impulso Ciudadano las transferencias aprobadas por el Gobierno ponen en riesgo este modelo constitucional, al introducir mecanismos que pueden conducir a una progresiva territorialización de prestaciones del sistema de Seguridad Social. En particular, es especialmente preocupante que los convenios de transferencia vinculen el coste de determinadas prestaciones al mecanismo de cálculo del cupo del Concierto Económico, conectando así el sistema de Seguridad Social con el sistema de financiación territorial del País Vasco. Si atendemos a los datos estadísticos oficiales de la Seguridad Social, relativos a las prestaciones no contributivas, la aplicación del cupo supondrá una sobrefinanciación en porcentajes que superarán en muchos casos el 200 % y que incluso llegarán al 1000% en las prestaciones de hijo a cargo mayores de 18 años con discapacidad del 75%. Esa sobrefinanciación pasará a ser soportada por el Sistema de Seguridad Social, que sufrirá la detracción de unos recursos que, además, no tendrán ya por objeto financiar prestaciones del sistema. Este diseño plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de unidad de caja y con la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social, prevista en la Constitución. Un precedente que puede afectar al conjunto del sistema Esta asociación considera que las normas aprobadas no constituyen una mera “reorganización administrativa”, sino que pueden suponer una alteración estructural del modelo de
La Asociación Impulso Ciudadano expresa su satisfacción tras la sentencia dictada el 10 de febrero de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Girona, que estima íntegramente el recurso interpuesto por la entidad y declara que el Ayuntamiento de Verges incurrió en vía de hecho al mantener en el balcón consistorial una bandera antifascista con estelada y al permitir la presencia continuada de banderas esteladas en farolas de la vía pública, además de incumplir la obligación legal de exhibir las banderas oficiales de España y Cataluña en el exterior del edificio municipal. La sentencia ratifica el auto de medidas cautelares de 18 de marzo de 2025 que se había dictado con anterioridad por el Juzgado y corroborado en sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El citado auto (y ahora la sentencia) obligaba al ayuntamiento a colocar en el exterior del consistorio las banderas oficiales de España y Cataluña, conforme a la Ley 39/1981, a retirar la bandera antifascista con estelada del balcón municipal (actualmente ya lo ha realizado), y a quitar las esteladas instaladas en las farolas del espacio público. Ante el incumplimiento del Ayuntamiento, el Juzgado dictó el 28 de enero un auto de ejecución de las medidas cautelares en el que se acordó requerir personalmente a la actual alcaldesa de Verges, Diana Canals Batlle (CUP), para que cumpla en un plazo de diez días (vence hoy 19 de febrero) la resolución y apercibiéndola expresamente de la imposición de multas coercitivas personales —que pueden alcanzar hasta 900 euros mensuales— y de la posible deducción de testimonio por desobediencia en caso de incumplimiento contumaz. Aunque este último auto se refiere formalmente a la ejecución de las medidas cautelares, su contenido es plenamente trasladable al cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento principal. Impulso Ciudadano celebra que, en un municipio que durante años ha hecho gala de la presencia de esteladas en sus calles y de la ausencia de las banderas oficiales en las dependencias municipales, se restablezca el principio de legalidad y se recuerde en la sentencia que las instituciones públicas no pueden apropiarse ideológicamente del espacio común. La Constitución y la Ley de Banderas son normas de obligado cumplimiento y, como señala reiteradamente la jurisprudencia, el sometimiento pleno de la Administración a la ley no depende del color político del gobierno municipal ni del contexto social del municipio. El respeto a la
Contribución de Impulso Ciudadano al informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho En la contribución remitida a la Comisión Europea se aborda la independencia de los tribunales y de la Fiscalía; la captura de los medios de comunicación por el poder político y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Quedan fuera otros temas que, desde nuestra perspectiva, son relevantes para el Estado de Derecho, pero que no tienen cabida en el formulario que facilita la Comisión Europea. Tal y como hemos denunciado, la Comisión no puede convertirse en cómplice de prácticas que no tienen encaje en la arquitectura constitucional de los Estados miembros; y aquí nos referimos a favorecer acuerdos entre determinadas fuerzas políticas, excluyendo a otras, y convirtiendo los procedimientos formales de selección de los vocales del CGPJ en un mero paripé. En la contribución se señala también que el Gobierno de España desarrolla una agresiva campaña de desprestigio contra los medios que le son críticos. Existen, además, indicios, de que el partido de gobierno haya organizado la preparación de dossiers destinados a presionar, entre otros,a periodistas críticos. En la actualidad, estos hechos están siendo investigados judicialmente. Finalmente, también se observan limitaciones a la información en las ruedas de prensa del Gobierno y la ausencia de comparecencias necesarias para aportar la información imprescindible para que se lleve a cabo un debate riguroso, un debate que es esencial en cualquier sociedad democrática. El Estado de Derecho, los principios democráticos y los derechos fundamentales no son accesorios, sino la esencia misma de la Unión Europea, aquello que nos identifica. La Comisión Europea tiene una enorme responsabilidad en su vigilancia. Impulso Ciudadano confía en las instituciones europeas y les anima a que se conviertan en los guardianes de los principios y valores que dan sentido a nuestra Unión. Se adjuntan documento íntegro de Impulso Ciudadano para el Informe de la Comisión Europea y notas complementarias a dicho documento.
La propuesta de modelo de financiación autonómica presentada hoy por la Ministra de Hacienda constituye la formalización de un pacto políticamente ilegítimo entre el Gobierno de España y los nacionalistas catalanes, escenificado ayer por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Lejos de responder al interés general, esta propuesta profundiza en la desigualdad entre los españoles, incrementa la opacidad del sistema de financiación autonómica y avanza en una dirección contraria a la que deberían orientar futuras reformas. España es un Estado complejo y descentralizado, lo que exige una adecuada distribución de los recursos públicos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ahora bien, todos los recursos públicos disponibles se distribuyen entre unos y otros: si todas las Comunidades Autónomas reciben más recursos, necesariamente disminuyen los recursos del Estado y, con ello, los del conjunto de los españoles. Por ello, es imprescindible partir de una premisa básica: la financiación autonómica es un juego de suma cero. Afirmar que nadie resulta perjudicado por una modificación del modelo de financiación no es solo falso, sino una forma de populismo fiscal que degrada el debate público. A esta realidad se añade una desigualdad ya existente y profundamente injusta: la no participación del País Vasco y Navarra en el sistema común de financiación. Esta excepción ha conducido a una sobrefinanciación de sus instituciones autonómicas que, en buena medida, no se traduce en una mejora proporcional de los servicios públicos, sino en el desarrollo de políticas nacionalistas que perjudican al conjunto de los ciudadanos, incluidos los de esos propios territorios. La debilidad parlamentaria del Partido Socialista ha llevado ahora al Gobierno a someterse a las exigencias de los nacionalistas catalanes, que persiguen un incremento de los recursos controlados por la administración autonómica catalana. La experiencia de las últimas décadas demuestra que una parte sustancial de esos recursos se destina a políticas identitarias y de construcción nacional que no solo dañan los intereses generales de España, sino que con frecuencia conllevan restricciones de derechos para los propios ciudadanos de la Comunidad. Especialmente grave es la consolidación de un relato según el cual son los territorios los que aportan recursos públicos. En realidad, quienes tributan son los ciudadanos, no las Comunidades Autónomas. Los impuestos se exigen en función de la capacidad económica de las personas y se destinan a fines de interés general definidos por los representantes del conjunto de los españoles, sin que exista ningún principio que obligue a
José Domingo y Maite Pagazaurtundúa se unen en la solicitud de un cambio legal ante el desamparo institucional En vísperas de la celebración del Día de la Constitución, el fundador de Impulso Ciudadano, José Domingo, desembarcó en Madrid para presentar su nuevo proyecto, Fundación Impulso y Cooperación, que insta a promover un cambio legal para que sea la Administración la que persiga a las autoridades que incumplen sistemáticamente la Ley de Banderas. En los últimos años, y ante la inacción del Gobierno, esta labor ha recaído en entidades cívicas, sin apoyo institucional, que han llevado ante la justicia a los ayuntamientos y demás entes públicos que incumplían la legalidad al no ondear la bandera de España en sus fachadas o vulnerar la neutralidad institucional con símbolos separatistas.Este nuevo proyecto, de ámbito nacional, aglutina a las principales voces del mundo jurídico, académico y político que más preocupación han mostrado por los incumplimientos de la ley en Cataluña y en el País Vasco, como son la exeurodiputada Maite Pagazurtundúa, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, el economista Víctor Gómez Frías, el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, la profesora de Comunicación, Isabel Fernández Alonso, el empresario José Luis Alegre Martín y la letrada de la administración Nieves Ciruelos entre otros.Leer más: https://theobjective.com/espana/politica/2025-12-09/impulso-ciudadano-madrid-multar-ley-banderas/
