LA BANDERA DE ESPAÑA YA ONDEA EN SANT POL DE MAR IMPULSO CIUDADANO considera un triunfo de la legalidad el hecho de que la bandera de España ondee con normalidad en la fachada del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar y haya sido instalada en lugar destacado en el salón de plenos. A pesar de la voluntad obstruccionista del consistorio y de la colaboración de colectivos fanatizados que han tratado de sacar rendimiento a la insumisión constitucional, ha prevalecido el respecto a la Ley de Banderas y al Estatuto de Autonomía de Cataluña y ahora comparten espacio en el municipio de Sant Pol de Mar la bandera nacional y la autonómica. Hoy más que nunca es necesario recordar a todos los consistorios, colegios públicos e institutos, dependencias autonómicas en general, que las leyes están para cumplirlas y que no existe motivo para recelar de una norma, como la Ley de Banderas. Su verdadero sentido ha sido magníficamente glosado en las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2007, 25 de noviembre de 2008 y 12 de mayo de 2009, que han proclamado que: “La expresión "deberá ondear", que utiliza el legislador, formulada en imperativo categórico viene a poner de relieve la exigencia legal de que la Bandera de España ondee todos los días y en los lugares que expresa, como símbolo de que los edificios o establecimientos de las Administraciones Públicas (…) son lugares en donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía y en ellos se desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad, sea del orden que fuere, de acuerdo con los valores, principios ,derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa, junto con la unidad, independencia y soberanía e integridad del Estado Español.” La actitud decidida y responsable del ENRIQUE ABAD, ex concejal de aquel consistorio, la colaboración y asistencia de IMPULSO CIUDADANO, cuyos servicios jurídicos ayer mismo instaron la ejecución forzosa de la sentencia ante el Juzgado, y la novedosa posición de firmeza y determinación de la Delegada del Gobierno en Cataluña, MARÍA DE LOS LLANOS DE LUNA, han contribuido, sin duda, a que acatamiento de la sentencia y, en definitiva, el respeto a la ley haya sido la única salida que ha tenido la alcaldesa y el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, dejando claro que en el Estado de derecho, las normas prevalecen sobre la barbarie. En Barcelona, a 21 de febrero de 2012 Ejecución sentencia
MANIFIESTO DE IMPULSO CIUDADANO DEL 6 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN “Reformar para reforzar, un nuevo ciclo para la España constitucional” El aniversario de la Constitución, verdadero acto fundacional de la democracia española, es la ocasión idónea para recordar los valores que guiaron su nacimiento, hacer balance de la experiencia constitucional y democrática, y abordar los retos que España tiene planteados ante sí. Retos que son de una gravedad y una complejidad sin precedentes. Retos que la sociedad española puede y debe, al igual que entonces, abordar con éxito, sorteando a la vez el derrotismo y la inmovilidad, la impaciencia y el populismo, las soluciones mágicas y los caminos ya recorridos. La Constitución de 1978 es la historia de un éxito por lo que supone de triunfo de España sobre su propia –y desafortunada-‐‑ historia constitucional. Ese éxito estaba lejos de ser evidente al cierre de las urnas del referéndum del 6 de diciembre de 1978, porque la flamante democracia constitucional que emergía de la voluntad general de los españoles ya contaba con poderosos enemigos. La nueva Constitución nacía con un respaldo democrático abrumador en todos los rincones de España, que la hace ser, todavía hoy, la ley vigente sometida a referéndum con mayor apoyo ciudadano en la historia de la democracia. Pero nacía también en un momento de gran incertidumbre, social, económica y política, siendo atacada, desde el primer momento, por fuerzas de signo aparentemente opuesto pero aunadas en su afán de sabotear por todos los medios la convivencia pacífica y democrática de todos los españoles: el terrorismo extremista y la ultraderecha franquista. La amenaza golpista se conjuró en los años ochenta, tras ponerse a prueba la solidez democrática durante el fallido golpe de Estado de 1981. En el otro extremo, el terrorismo, y de forma muy particular el terrorismo etarra, ha mantenido su desafío criminal a la democracia española durante mucho más tiempo. En esta ocasión, el anunciado cese de las actividades terroristas de ETA es un motivo de celebración adicional para los demócratas, porque confirma la flexibilidad y la fortaleza de la democracia constitucional que nos dimos hace más de treinta años. Flexibilidad para gestionar el pluralismo de la sociedad española y para integrar en el juego democrático a todas las opiniones y todos los proyectos políticos que quieran defenderse desde la palabra y las urnas, incluso aquellos –como los nacionalistas— que pretenden explícitamente quebrarla.
El tripartito sigue inflexible en su afán por hacer cumplir a rajatabla la disposición adicional quinta de la Ley de Política Lingüística por la que se rigen las sanciones a los comerciantes que rotulan sus carteles sólo en castellano. Este hecho ha motivado que el Grupo Mixto eleve una propuesta de resolución en el Parlament por la que insta al Govern a "hacer prevalecer el principio de libertad de uso de lenguas oficiales en la regulación de la actividad socioeconómica" y asimismo a "suprimir" la mencionada disposición adicional quinta de la normativa vigente desde 1998. El portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Domingo, advierte que le parece "absurdo que en momentos en que las empresas están siendo castigadas por la crisis, deban preocuparse y asumir los costes de multas por no rotular en una de las dos lenguas oficiales en Cataluña". Según Domingo, desde la llegada del miembro de Esquerra Independentista, Jordi Anguera, a la dirección de la Agència Catalana del Consum, las advertencias de posibles sanciones y el número de multas ha ido in crescendo en los últimos años. "Es un auténtico talibán", dice Domingo de Anguera, a quien culpa del "progresivo endurecimiento de la ley". En dos meses está previsto que los partidos debatan sobre la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística que propone el Grupo Mixto. Será la primera vez que se discutan cambios en esa normativa, cuando en cambio sí se ha tratado ya sobre la conveniencia o no de multar al comercio por razones lingüísticas que vulneran la igualdad de derechos y de la libertad que promulga el Estatut. Noticia publicada en El Mundo
Impulso Ciudadano celebra el Día Nacional de España, la Fiesta de todos, ¡Tu Fiesta! (más…)
A raíz del anuncio formulado por el Gobierno de que tiene intención de proceder a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para salvar los preceptos anulados o interpretados por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, IMPULSO CIUDADANO comunica a la opinión pública lo siguiente: PRIMERO.- El Poder Judicial es único en el Estado autonómico y no se puede fragmentar en cada una de las Comunidades Autónomas. Así lo ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. SEGUNDO.- Es lamentable que el Gobierno de la Nación para atender sus intereses partidistas se muestre tan servil con el nacionalismo catalán y que relegue las imprescindibles reformas en materia de justicia (agilizar las resoluciones judiciales con más medios materiales y humanos) en favor de otras absolutamente innecesarias y perjudiales al servicio de la Justicia. TERCERO.- Las reformas legislativas en materia de justicia no deben impulsarse para satisfacer los sentimientos identitarios de Cataluña -como ridículamente ha afirmado hoy la Sra. De la Vega- sino para reforzar y potenciar la independencia del Poder Judicial. De seguirse el modelo diseñado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para los Consejos de la Justicia se estarán poniendo las bases del caciquismo autonómico en el ámbito judicial y la independencia del poder judicial en las Comunidades Autónomas se verá gravemente dañada porque los nombramientos de los magistrados y de los jueces dependerán de estos Consejos, cuyos integrantes serán designados con participación de los Parlamentos autonómicos. CUARTO.- Es contradictorio que en una época en que la contención del gasto público y la reducción de los órganos innecesarios son principios estratégicos para salir de la crisis, el Gobierno de la Nación pretenda crear 17 nuevos Consejos judiciales autonómicos.
20 ABR 2012 | ÁNGEL LEÓN. BARCELONA publicado en Intereconomía Acusará al Ayuntamiento de prevaricación y desacato si no cumple las resoluciones judiciales. El Tribunal de Justicia de Cataluña fallará el 4 de mayo sobre los recursos contra el reglamento linguïstico. La plataforma Impulso Ciudadano actuará contra el Ayuntamiento de Barcelona siincumple la resolución del Tribunal Supremo (TS) que desestima el recurso presentado por el consistorio contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que suspendió cautelarmente siete artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana, recurrido en 2010 ante la máxima instancia judicial catalana por el Partido Popular (PP) e Impulso Ciudadano. El presidente de esta entidad, José Domingo, en declaraciones a Radio Intereconomía en Barcelona, ha calificado de “escandalosa” la actitud del ayuntamiento de la Ciudad Condal, que ya ha anunciado que no acatará la decisión del Supremo conocida esta semana, mientras espera que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto en una sentencia que se dictará el próximo 4 de mayo. Según el portavoz del consistorio barcelonés, Joaquim Forn, el reglamento municipal se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Política Lingüística de 1998. A juicio del presidente de Impulso Ciudadano, “no acatar las resoluciones judiciales es el mayor descrédito para una administración pública”. José Domingo ha avanzado que su entidad “denunciará al Ayuntamiento de Barcelona por desacato y prevaricación si no cumple la última resolución del Tribunal Supremo y la próxima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, que decidirá sobre los recursos interpuestos por el PP e Impulso Ciudadano. Como medida cautelar el TSJC acordó suspender siete artículos del reglamento lingüístico del consistorio -normativa que regula la lengua utilizada tanto en las relaciones internas del personal del ayuntamiento, como las comunicaciones externas con los ciudadanos-. Los puntos que quedaron en suspenso se refieren a la obligatoriedad de que las actuaciones internas del ayuntamiento se hagan en catalán; al artículo que establece que las actas de las sesiones plenarias se redacten únicamente en catalán y el epígrafe que dispone que en las comunicaciones orales con los administrados el personal municipal debe emplear la lengua catalana, excepto cuando el ciudadano pida ser atendido en español. También han quedado suspendidos los artículos referidos a la rotulación exclusivamente en catalán y, en idéntico sentido, el relativo a los impresos, sellos de goma y expedición de documentos. Tras la suspensión cautelar de estos artículos, el Ayuntamiento de
