por ROCIO DIVAR-- Letrada de la Seguridad Social A mi amigo Pepe Domingo En los últimos días distintos medios de comunicación han publicado encuestas sobre intención de voto en las elecciones autonómicas del próximo mes de noviembre en Cataluña. Las valoraciones sobre los resultados que obtendrá Artur Mas son coincidentes en algunos casos. La encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo estima que Convergència i Unió obtendría entre 64 y 65 escaños, el mismo resultado que recoge la encuesta publicada por El Periódico de Cataluña. El periódico La Razón, sin embargo, publica una encuesta según la cual CIU podría llegar a perder hasta cuatro escaños situándose en los 58 representantes. Finalmente el diario la Vanguardia, con resultados más optimistas, estima que Convergencia podría llegar a obtener hasta 67 escaños en las próximas autonómicas. Si esta es la respuesta de los electores al órdago del Presidente de la Generalitat no me sorprende. Tampoco la estimación casi unánime del descenso en votos y escaños que experimentaría, según esas mismas encuestas, el Partido Socialista de Cataluña. No llama particularmente mi atención que el Partido Popular pudiera llegar a obtener 2 diputados más situándose en los 20 escaños según las encuestas publicadas por El Mundo y La Razón. Tampoco me sorprende especialmente un dato tan contradictorio como que El Periódico de Cataluña estime, para ese mismo partido, un retroceso en nada menos que 6 escaños obteniendo entre 12 y 13 diputados. Y lo cierto es que no presto especial atención a los resultados que estas encuestas reconocen para el resto de partidos políticos que concurren a las elecciones. Nada de eso me sorprende. Lo que hoy llama mi atención es otro dato al que nadie parece dar importancia. La casilla del No sabe/No contesta. La sociedad que no reacciona, quien sabe si por temor o por fatiga, y que parece no ser capaz de responder de manera organizada a este desafío. Esa sociedad a la que tantas palabras están dedicando en las últimas semanas distintos periodistas en tertulias y artículos y que no encuentra cómo articular formas serias de plantar cara al nacionalismo dominante. Si es cierto, y lo es, que no todo el mundo es nacionalista en Cataluña, ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Hay alguien que pueda dar respuesta a todas estas inquietudes? Si. Impulso Ciudadano. Impulso Ciudadano es un movimiento cívico creado con la intención de ocupar un espacio en la
Por José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano. Anuncia en una nota de prensa CiU -de la que se ha hecho eco e-noticies y que ha merecido el editorial de Xavier Rius- que el eurodiputado Ramón Tremosa pretende que la Comisión Europea "incoe procedimiento de infracción contra España por inacción en la lucha contra la incitación pública e intencionada a la violencia y al odio contra grupos o personas por su raza, color, religión u origen nacional o étnico”. La razón que aduce Tremosa para semejante iniciativa es la publicación de un artículo mío en el diario digital Diálogo Libre titulado “Inmersión y banalización del mal” en el que, según su interpretación, yo comparé a los profesores catalanes con el nazismo. He de reconocer que nunca imaginé que mis palabras merecieran una actuación del Parlamento europeo pero lo que me deja estupefacto es que la acusación se fundamente en la trivialización del nazismo. De entrada, una declaración de principios. El fenómeno nazi me repugna. Visité hace unos años el campo de concentración de Sachsenhausen y el impacto que me causó hace imposible que, ni por aproximación, quepa en mi mente una equiparación entre la acción de ciudadanos corrientes en democracia y el nazismo. Es más, así lo digo expresamente en el artículo de marras y lo hago, precisamente, para que nadie se lleve a engaño. De todas maneras, si mis palabras equivocadamente pudieran dar a entender lo contrario, lo desmiento ahora con contundencia. Por lo tanto, por ahí no. Aclaremos el origen del posible malentendido. La película de Margarette von Trotta sobre Hannah Arendt me hizo reflexionar sobre el concepto de “banalidad del mal” que puso en circulación la filosofa alemana a raíz del juicio en Israel del nazi Eichmann. Confieso mi falta de originalidad, puesto que a raíz de la citada película, el análisis de la intervención de gente normal en la comisión de actividades deleznables, sin conciencia de que su actuación puede hacer un enorme daño, ha sido también abordada, cada uno con sus peculiaridades, en trabajos recientes de Cesar Molinas y Lluís Bassets en el diario “El País”, Xavier Diez Rodríguez, en el Punt-Avui, y Joan Martí Font en un blog de vilaweb. Otros muchos también lo habían tratado con anterioridad. Dice con acierto Lluís Bassets en su pieza que “la banalidad del mal es la incapacidad para pensar por cuenta propia, la obediencia mental como execrable acomodación
En el caso catalán, ha acabado prefigurando una actitud social e institucional recelosa y defensiva, excluyente, ante la inmigración, cualquier inmigración La extrema derecha antiinmigración ha podido presentarse legítimamente como heredera de la tradición nacionalista catalana y continuadora de sus esfuerzos por preservar la identidad catalana Hasta hace relativamente poco, España parecía haberse mantenido a salvo de la marea derechista, populista e identitaria que desde hace años hace estragos en el resto de Europa. Mientras la reacción extremista, antiinmigración y populista de derechas prosperaba hasta el punto de condicionar gobiernos en países como Bélgica, Italia, Austria, Holanda, Francia o Finlandia, en España las formaciones afines a esta nueva generación de extremas derechas europeas seguían confinadas a la marginalidad y la irrelevancia política. Esta excepción española tocó definitivamente a su fin en las elecciones municipales de mayo de 2011, cuando la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), liderada por el ex militante de Fuerza Nueva Josep Anglada, se convirtió en una de las principales fuerzas políticas municipales de Cataluña por número de votos. Con la consolidación de PxC localmente, después confirmada por sus buenos resultados obtenidos en las elecciones legislativas de noviembre, la extrema derecha identitaria y antiinmigración irrumpe definitivamente en el paisaje político español. Y lo hace convirtiéndose en un actor político de relevancia en Cataluña, una de las Autonomías donde las formaciones ultraderechistas tradicionales han sido históricamente más débiles. Un avance social, electoral y territorial sostenido Los resultados son ilustrativos. En mayo de 2011, la Plataforma liderada por Josep Anglada pudo presentar lista en 108 municipios catalanes y consiguió representación en 41 de ellos, que incluyen varias ciudades grandes y medias del cinturón industrial de Barcelona (Badalona, Hospitalet de Llobregat, Cornellá de Llobregat), así como numerosas capitales comarcales del interior. Con un discurso estructurado en torno a los temas clásicos de la nueva ultraderecha europea -la amalgama entre inmigración, inseguridad y desempleo, la agitación de los temores sociales, económicos y culturales ligados a la globalización, la defensa de un repliegue identitario y la demagogia antipolítica-, PxC obtuvo entonces 67 concejales y más de 66.000 votos, convirtiéndose en la sexta fuerza política municipal por número de votos (séptima por número de concejales). No se trata de un fenómeno repentino ni coyuntural Es evidente que este tipo de populismos se benefician de la severa degradación de las condiciones sociales y económicas en los últimos años, tanto en España como en el resto de Europa. Pero el avance
En el debate actual sobre la situación financiera de las comunidades autónomas se suele poner el acento sobre la dureza de los recortes a los que ha obligado la crisis y sobre el inminente peligro de desmantelamiento del Estado del Bienestar que conlleva la política de austeridad presupuestaria impuesta por el Gobierno central y por la Unión Europea. Lo que se suele olvidar es la temeraria explosión del gasto durante los años precedentes, en los que las comunidades autónomas aumentaron su gasto estructural muy por encima de sus ingresos recurrentes, lo que las dejó en una posición de enorme (y autoinfligida) fragilidad financiera tras la explosión de la burbuja fiscal de los años del boom. Cuando se toma la última década en su conjunto, el proceso de consolidación presupuestaria que comienza en 2010 aparece como una corrección parcial y tardía de los excesos de años anteriores. Los números, como casi siempre, ayudan a poner las cosas en su justa perspectiva. Es cierto que el recorte de los últimos años ha sido importante. Entre 2009 y 2012, el gasto no financiero del conjunto de las comunidades autónomas se redujo del 16,10% al 13,68% del PIB nacional, con una caída del 15,1%. En términos de gasto por habitante a precios constantes de 2008, el recorte registrado durante el mismo período ha sido de un 17,12% si se trabaja con el gasto no financiero total y de un 19,50% si se excluye la partida de intereses de la deuda (que, misterios de la contabilidad presupuestaria, se incluye en el agregado de gasto no financiero). Pero conviene recordar también que el gasto había aumentado a un ritmo insostenible durante los años anteriores. Entre 2003 (cuando ya se había completado el traspaso de la sanidad) y 2009, el gasto autonómico medido como fracción del PIB se incrementó en un 30,1% (pasando del 12,38% al 16,10% de la renta nacional) y creció entre un 33% y un 34% en términos de gasto por habitante a precios de 2008, dependiendo de si excluimos o no los intereses. En conjunto, el gasto real autonómico seguía estando en 2012 apreciablemente por encima del nivel observado en 2003: un 10,5% en términos de su participación en el PIB y un 7,6% en términos de gasto por habitante neto de intereses a precios de 2008. Este incremento del gasto es, además, el responsable casi exclusivo de los actuales desequilibrios presupuestarios de
por JOSÉ DOMINGO -- ‘El panorama para la comunidad destinataria del panfleto tiene como intención seducir pero su trasfondo es, cuanto menos, intranquilizador: convertir a los españoles en extranjeros en un contexto inestable social’. Ha caído en mis manos un folleto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) dirigido a despejar las dudas de aquellos catalanes castellanohablantes que se sienten españoles y que desean conservar su nacionalidad española en una hipotética Cataluña independiente. La lectura del bando es tranquilizadora: no está prevista ni su ejecución, ni su reclusión en campos de concentración (¡qué bien!) y son informados de que… Cataluña será económicamente viable una vez acabado el expolio fiscal español. Para acreditarlo, toman el trascendental dato de que de los diez países más ricos del mundo nueve son pequeños (Catar, Luxemburgo, Singapur, Noruega, Brunei, Emiratos Árabes, Suiza…). A estos efectos es irrelevante que la mayoría de estos estados tengan el petróleo como principal fuente de riqueza o sean paraísos fiscales. No hay que descartar, por lo tanto, bolsas de petróleo frente al Delta del Ebro o la conversión de Cataluña en las Islas Caimán del Mediterráneo. Los catalanes cobrarán la pensión y, de hecho, con el Estado propio, incluso, mejorarán las prestaciones sociales. Los mecanismos para resolver esa ecuación con un alto nivel de paro y con la población cada vez más envejecida desgraciadamene no son revelados. Ser y sentirse español no es incompatible con querer la soberanía política para Cataluña, por lo que podrán seguir siendo españoles de la misma manera que lo son en Brasil o en Japón. Consuela saber que los independentistas no quieren imponer pasaporte ni echar a nadie. Las personas de lengua castellana no serán marginadas en el nuevo Estado. Podrán continuar hablando este idioma a nivel personal, de la misma forma que lo hacen los que se expresan en árabe, bereber, inglés o francés. Eso sí, para obtener la nacionalidad catalana tendrán que conocer el catalán porque será la lengua propia y común del nuevo país. Podrán mantener la nacionalidad española u optar por la doble nacionalidad porque en el marco de un país europeo occidental nadie debe ser discriminado por razón del pasaporte que elija. No habrá ninguna confrontación, aventuran premonitoriamente. Los afectados pueden sentirse tranquilos porque el proceso de independencia y el Estado propio será respetuoso con sus derechos (los de más arriba), ya que la convivencia social es el bien más preciado
‘Si la alcaldesa y su extraño y desorientado partido tienen dudas acerca de la naturaleza y consecuencias últimas de sus acciones, les recomiendo un método, en mi opinión, infalible: observar la reacción de sus, supongo, oponentes políticos nacionalistas’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con la presentación de la campaña del PSC de Hospitalet en contra de la independencia, o a favor del no en un hipotético referendo, según como se quiera mirar, Núria Marín, alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña, parece haber querido dar un paso al frente para liderar la ceremonia de la confusión en la que se encuentra, semi inconsciente, el socialismo catalán. Tras apoyar en el Consistorio que preside una moción de CiU a favor del derecho a decidir, tras acudir, solícita, a la cumbre de partidos y entidades favorables al referendo soberanista convocada por el presidente autonómico, Artur Mas, nos confiesa en la octavilla de la campaña que hizo todo esto sin convicción y a regañadientes. La lectura del texto es, ciertamente, recomendable. Insiste, Marín, en que su aportación principal a este encuentro fue dejar claro que la reunión no tenía mucha razón de ser, porque lo importante, ahora, es hablar de la crisis, de la economía, de los problemas reales de la gente. Por una vez, hemos de decir que estamos de acuerdo con la alcaldesa pero, entonces, ¿por qué fue? Se diría que la alcaldesa no sabía bien dónde iba, a qué iba, ni de qué se iba a hablar. Parece ser que el tono y contenido de la cita le pillaron por sorpresa. La alcaldesa afirma, a continuación, que está a favor de que la gente pueda opinar acerca de su futuro. A su juicio, ¿no existen ya esas vías? Se diría que los cauces democráticos actuales le parecen insuficientes y que son necesarios ciertos apaños para-legales del tipo referendo pactado entre el Gobierno de la nación y el Gobierno autonómico para que la democracia española alcance la plenitud que, a opinión de la edil hospitalense, impide el actual marco legal. Uno tiene la impresión de que el PSC, con Marín a la cabeza, intenta encontrar una salida al laberinto de contradicciones que ellos mismos han construido, trasladando a la sociedad la confusión que habita en sus mentes de responsables públicos accidentales. Quieren nadar y guardar la ropa estando y no estando, apoyando y desentendiéndose, diciendo que quieren decir algo, pero que en realidad es lo
