por ANA MAR FERNÁNDEZ – Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmente europea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente anti europea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE. “¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento. El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello. El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el
Mentir es decir lo contrario de lo que se sabe. La Consejera de Enseñanza, Irene Rigau, convocó urgentemente a los medios de comunicación para valorar una sentencia del Tribunal Supremo sobre los efectos de la cooficialidad lingüística en la escuela catalana. En la rueda de prensa mintió cuando declaró que el Tribunal Supremo había avalado "la interpretación" de la Generalitat sobre los derechos lingüísticos y el modelo escolar catalán. La convergente pretendía manipular a los periodistas y, a través de ellos, a la población en general, haciéndoles creer que el modelo de inmersión lingüística obligatoria es considerado legal por el Tribunal Supremo. Tuvo éxito. La letanía de la Consejera, “La inmersión ha sido avalada”, la han repetido machaconamente la mayoría de las radios y televisiones catalanas, así como la prensa escrita (El Periódico, El País, El Punt Avui, Ara…). Merece una cita especial el tratamiento de La Vanguardia. Josep Playà es un periodista experto en temas de educación que está acostumbrado a trabajar con textos jurídicos y educativos. Es de suponer que habrá leído la sentencia en cuestión y, a pesar de ello, tuvo la desvergüenza de titular la noticia así: “Un fallo pro inmersión”, y adornarla con la siguiente entradilla: “El Supremo avala la atención individualizada a los alumnos y considera que no es necesario cambiar el modelo lingüístico de enseñanza”. Es mentira. Digo que es mentira porque el Tribunal Supremo no ha justificado la inmersión, por el contrario, la ha criticado. Tampoco es verdad que sea legal enseñar a los niños mediante el método de la atención individualizada. Acudamos al texto de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2010 que es el objeto de interpretación de la reciente sentencia de 19 de febrero de 2013. Reconoce el derecho de un padre que demandó a la Generalitat para lograr que la educación de sus dos hijos se hiciera con un reparto proporcional y equitativo de las materias en castellano y catalán. La administración sólo ofrecía clases en catalán. Los jueces corrigieron al Departamento y declararon que: “el castellano debía utilizarse como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana”. Acto seguido, la sentencia advertía que la Generalidad debería adoptar “cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la
por JOSÉ DOMINGO --- Se ha lucido el alcalde de Vic. A Josep Maria Vila d’Abadal no le basta con poner las condiciones para que los inmigrantes cumplan con sus obligaciones cívicas, él tiene intención de forzarles hasta que sientan Vic y Cataluña. No ha explicitado el sistema que empleará para lograr que los tibios o los recalcitrantes... Leer más...
El patriarca del nacionalismo catalán contemporáneo, Don Jordi Pujol i Soley, acaba de reconocer públicamente mediante una carta abierta, haber mantenido durante décadas cifras millonarias del patrimonio familiar en paraísos fiscales. Esta confesión se ha convertido en la definitiva constatación del secreto a voces que desde hace mucho tiempo circulaba entre la sociedad catalana, acerca de la opacidad en las cuentas de éste y su entorno más cercano. También ha significado dicha carta la certificación del inmenso grado de hipocresía y cinismo con los que se ha conducido durante más de tres décadas el ex-presidente de la Generalitat de Catalunya. (más…)
por JOSÉ DOMINGO -- Con motivo de la celebración el 21 de febrero del día Internacional de la Lengua materna, el Presidente de Impulso Ciudadano ha publicado el siguiente artículo en el diario ABC. “UNA ESCUELA PARA TODOS” El nacionalismo catalán no celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. En Cataluña son los colectivos que defienden los derechos de los castellanohablantes los que aprovechan la conmemoración de este día para reclamar el derecho a la educación en castellano. Para los nacionalistas, el derecho a la enseñanza en la lengua materna ha quedado reducido al campo de la cooperación internacional, aquí si defienden programas educativos para minorías étnicas en sus lenguas nativas con el objetivo de eliminar la discriminación y las desigualdades en materia de educación. En Cataluña, en cambio, ese mismo derecho aplicado a la comunidad lingüística castellanohablante se transmuta en un referente incómodo y con connotaciones peyorativas para muchos políticos, pedagogos y docentes catalanes. Para los de casa, la inmersión lingüística obligatoria, un modelo incompatible con el derecho a la educación en lengua materna. La iconografía catalana sustituye el concepto de lengua materna por el de lengua propia. No puede ser más elocuente que el lema “Per una escola de tots, l’escola en català” de la plataforma “Som escola” presida las paredes de muchos centros educativos catalanes. Pero no siempre ha sido así, el derecho a la escolarización en la lengua materna, fuera castellano o catalán, fue reconocido en la Segunda República. El franquismo lo suprimió y la recuperación de este derecho fue uno de los ejes de la lucha de la oposición democrática. La petición tuvo sus primeros éxitos en las postrimerías de la Dictadura y el Ministro de Educación y Ciencia, el catalán Cruz Martínez Esteruelas, a través de un Decreto del año 1975 introdujo “con carácter experimental las enseñanzas de las lenguas nativas” en los centros educativos. Ya en plena transición, el acuerdo entre Adolfo Suárez y Josep Tarradellas permitió incorporar el catalán al sistema educativo como lengua de enseñanza (Real Decreto 2092/1978, de 23 de junio). Desde el curso escolar 1978/79 fue posible en Cataluña que los centros docentes desarrollarán programas en lengua castellana o catalana, en atención a la lengua materna de la población escolar y a las opciones de los padres. Transferida la competencia educativa a Cataluña, la ley de normalización lingüística del año 1983, no por casualidad, se olvidó de
por JOSÉ DOMINGO -- Los voceros y los responsables políticos del catalanismo se alarman y ponen el grito en el cielo porque algunos padres pretenden incrementar las horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas. Les acusan de romper la convivencia. Vista la furia con la que defienden las virtudes del método de inmersión lingüística obligatoria en catalán resulta incomprensible que la UNESCO no haya aconsejado exportar el modelo a todos los países del mundo y que pedagogos finlandeses no peregrinen a la sede del Departamento de Enseñanza a aprender de tamaña excelencia. Todavía es más extraño que lo más granado de la élite catalana –entre ellos, algunos de sus honorables e ilustres dirigentes– esquiven tan «beatífico» sistema y matriculen a sus hijos en centros docentes franceses, alemanes, británicos e incluso suizos. Lo que es incuestionable es que las autoridades catalanas han dictaminado que estudiar en castellano es nocivo para el catalán. De ahí su obstinación en evitar que cualquier alumno resulte contaminado por el contacto con materias en español. ¿De verdad es tan lesivo? ¿Acaso instruir algunas horas en castellano atonta? Millones de niños en el mundo cursan sus estudios en este idioma, con el que se identifican, y sus resultados dependen de su esfuerzo y de la calidad del sistema educativo. Los datos de la propia Generalitat desmienten el tremendismo catalanista. Es necesario recordar que la mayoría de los que iniciaron la EGB en el curso 78-79 y siguientes cursaron sus estudios en escuelas bilingües, la inmersión obligatoria comenzó a partir del año 92. Pues bien, la Generalitat convalida automáticamente el nivel C de catalán a quienes terminaron el BUP a partir del curso 88-89, por lo que presume que todas estas personas tienen conocimientos más que suficientes de catalán. Ninguna norma reconoce el derecho a ser educado en castellano en España. En cambio, el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña sí incluye el derecho –y obligación– de las personas a ser educadas en catalán. El absentismo de los gobiernos de la nación en esta materia ha sido escandaloso. Ha llegado la hora de corregirlo. La Ley debe garantizar la escolarización en castellano también a los catalanes. Quienes quieren lo mejor para sus hijos, que sean educados en catalán y en el idioma nacional de forma equilibrada, no tienen por qué soportar linchamientos ni convertirse en héroes. Debería bastarles con rellenar la hoja de matriculación en un colegio
