por JOSÉ DOMINGO --- Los eurodiputados catalanes Tremosa, Junqueras, Romeva, Obiols, Badía y el excéntrico Santi Fisas, exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, han orquestado una campaña para convertir en enemigos del catalán a aquellos que defendemos que en el etiquetado de los productos alimenticios figure, al menos, una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Leer más...
por José Domingo Todavía sintiendo el vértigo y la emoción de haber sido testigos y actores de un hito histórico, podemos ya decir, a la vista de los hechos, que la celebración de la Fiesta de España en Barcelona ha sido un éxito indiscutible de participación y un triunfo cívico de la democracia. El discurso disuasorio del miedo, tan intenso en los últimos tiempos, ha fracasado. Nos sentimos profundamente satisfechos. Los esfuerzos han valido la pena, hemos roto definitivamente no uno, sino decenas de tabúes en la Cataluña del discurso único. Diseñamos un acto abierto a todos los demócratas que entienden España como su Nación y lo hicimos en una plaza emblemática que lleva el nombre de la tierra en la que vivimos y que tanto estimamos. Era, es, imprescindible y necesario que se nos visualice, exteriorizar que lo importante y conveniente es la unión, no la secesión, acallar con la voz de miles de personas las campañas que intentan poner trabas y amedrentar la puesta en la escena democrática de los ciudadanos que se sienten catalanes y españoles. Cataluña es compleja, por lo que quienes pretenden reducirla a los partidarios del proceso o la vía catalana a la independencia, la empobrecen y la limitan democráticamente. Aquí y ahora, miles de catalanes han expresado su compromiso con la defensa intensa de su condición de españoles y demócratas. De los tabúes rotos el último 12 de octubre, el del miedo no es el menor. La calle, en Cataluña, es un espacio ocupado donde, tristemente, mucha gente no se siente libre: el nacionalismo lo ha convertido en un auto de fe, lo ha sacralizado con la parafernalia secesionista y trata de hacer tragar el discurso oficialista a la población en general. Buena prueba de ello, es que la entrada de muchos municipios catalanes está presidida por una bandera independentista, sin que se hayan disparado las alarmas que advierten de los signos totalitarios. Los españoles de Cataluña queremos ser libres y ayer pusimos una piedra fundamental para conseguirlo. Nuestro particular proceso se fundamenta en construir unas bases para lograr una convivencia mejor entre los propios catalanes y el resto de los españoles. Es hora de recobrar la voz y de celebrar de manera democrática y cívica que estamos aquí, que nuestro país es España y no queremos cambiarlo. No callaremos, vamos a seguir gritando, cada vez con más fuerza, que «Som Catalunya, Somos
por JOSÉ DOMINGO --- El Gobierno de Nicolas Sarkozy organizó hace un año un controvertido debate en internet en torno a la pregunta “¿En qué consiste ser francés?” En Cataluña, el debate sobre la identidad de los catalanes ha sido una constante histórica en los últimos tiempos que ha merecido diversas respuestas. Leer más...
por JOSÉ DOMINGO -- La regulación del régimen lingüístico del sistema educativo catalán tiene su núcleo fundamental en los artículos 6.1 y 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. El primero declara que el catalán, como lengua propia de Cataluña, debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza y el segundo reconoce a los alumnos el derecho a recibir la enseñanza en catalán. No se prevé el derecho a recibir la enseñanza en castellano. Esta distinción entre lenguas oficiales originó serias dudas de inconstitucionalidad que fueron resueltas (eso creíamos) por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de junio de 2010. Esta sentencia declaró inconstitucional la preferencia del catalán sobre el castellano y que el catalán pudiera ser la (única) lengua vehicular. Ratifica el modelo de conjunción lingüística de la sentencia 337/1994 del TC que enjuició la Ley 7/1983, de normalización lingüística. Este modelo se estructura con las siguientes premisas: derecho a ser educado en la lengua habitual del alumno durante la primera enseñanza, sea ésta el castellano o el catalán; y presencia de ambas lenguas oficiales en los niveles posteriores. Los decretos de inmersión lingüística de 1992 dinamitaron ese régimen al obligar a escolarizar sólo en catalán y prohibir la separación de los alumnos en clases diferenciadas por razón de lengua. Eso suponía acabar de facto con el bilingüismo y abrir la puerta a la conflictividad en las aulas catalanas. La Ley 1/1998, de Política Lingüística, otorgó rango legal a este régimen que impedía que el castellano compartiese espacio vehicular en la escuela. Esta ley incomprensiblemente nunca fue cuestionada ante el TC. El siguiente peldaño del monolingüismo catalán fue el del Estatuto de Autonomía de 2006, que dotó de rango estatutario al régimen de la Ley de Política Lingüística. El último escalón, la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña pretende blindar los términos «inmersión lingüística» y «atención individualizada» y justifica la preferencia del catalán en razones identitarias. Cuando el nacionalismo creía cerrado el círculo de la exclusión del castellano como lengua vehicular, la sentencia del TC ha puesto las bases para el gran resbalón que puede hacer desmoronar todo el artificio. Las medidas de discriminación lingüística a favor del catalán sólo se sostienen para corregir, «de existir situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra». Estas situaciones ya no existen. El Supremo ha zanjado el debate al concluir que
La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio. La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán. Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar. La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar
Impulso Ciudadano denunciará la colocación de la pancarta a favor de los presos y fugados separatistas en el Palau de la Generalitat y la retirada temporal de la bandera española. La entidad pide que se acaten las decisiones de la Junta Electoral Central sobre las inhabilitaciones de Joaquim Torra y Oriol Junqueras. (más…)
