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Rechazamos la violencia.

Apoyamos a los Cuerpos y FF.SS.

Pedimos a los gobiernos estatal y autonómico que garanticen la paz urbana y resarzan a los perjudicados.

Ante los incidentes de violencia política que se han producido en los últimos tiempos, Impulso Ciudadano expresa su preocupación por la agresividad de estas protestas que, a modo de “nueva normalidad”, provocan enormes daños personales, patrimoniales y limitan de forma severa el ejercicio de los derechos de todos.

A los que justifican estos disturbios en el derecho de manifestación tenemos que recordarles que este derecho es incompatible con actuaciones totalitarias y que no ampara el ejercicio de la violencia contra los ciudadanos ni contra entidades comerciales, mobiliario urbano, o contra la propia policía.

En una sociedad democrática la policía tiene la función de garantizar los derechos de todos y en la situación actual estos derechos pasan por recuperar la seguridad, asegurar la integridad física de todos los ciudadanos, su derecho a la movilidad y la protección de los bienes públicos y privados que están siendo destrozados.

Uno de los grandes logros civilizatorios es el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, que puede usarla sólo bajo estrictas exigencias normativas y control judicial. El recurso a la violencia privada supone un retroceso inadmisible porque perjudica a todos, también a quienes la ejercen. Desde luego, puede haber leyes y sentencias injustas, pero las sociedades democráticas habilitan mecanismos políticos, jurídicos y ciudadanos para luchar contra ellas, siempre pacíficamente.

Por eso, resulta especialmente lamentable que en la gravísima situación que vivimos todavía haya fuerzas políticas que se nieguen a condenar la violencia política,  fomenten el odio y culpabilicen a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por desgracia, ese es el corolario de años en los que, de forma premeditada, algunos poderes públicos e importantes actores políticos promocionan actuaciones ilegales y violentas, trasladando la impresión de que legítimamente pueden imponer por la fuerza su ideología política al conjunto de la sociedad.

Impulso Ciudadano ha venido denunciando, a través del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, la tolerancia y connivencia con los violentos que han mostrado las fuerzas anticonstitucionalistas que integran el actual gobierno de Cataluña. Esta situación se agrava todavía más si ese posicionamiento es asumido por la izquierda populista que forma parte del Gobierno de España.

Los disturbios callejeros, apoyados o consentidos por el poder público, son señal inequívoca de regímenes totalitarios en los que se utiliza la fuerza directa o indirectamente para imponer su propio relato a la sociedad. Es evidente que estos últimos incidentes no son espontáneos, que han sido planificados, y que las protestas para reclamar la libertad de expresión son una nueva coartada para debilitar los fundamentos del orden constitucional.

Por ello, desde Impulso Ciudadano:

1) Condenamos sin paliativos de ningún tipo los disturbios de estos días y recordamos que el derecho de manifestación no ampara destrozos ni el vandalismo o agresiones.

2) Nos solidarizamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con todas las personas que se han visto afectadas por estas actuaciones violentas.

3) Reclamamos de los poderes públicos que condenen la utilización de la violencia, apoyen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garanticen la paz urbana.

4) Pedimos al Gobierno de la Nación y al de la Generalidad de Cataluña que adopten las medidas necesarias para poner fin a la violencia. En el caso de que las autoridades autonómicas hagan dejación de sus obligaciones, solicitamos del Gobierno que ponga en marcha los mecanismos constitucionales para garantizar la libertad, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

5) Invitamos a los ciudadanos a expresar de forma clara su rechazo a los violentos y a aquellos que le dan cobertura.

6) Pedimos a las autoridades policiales que pongan a disposición judicial a las personas y colectivos violentos y que ordenen el resarcimiento de todos aquellos ciudadanos y empresas que se han visto perjudicados por el comportamiento de los violentos.

Comunicado en pdf