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IMPULSO CIUDADANO INTERPONDRÁ ACCIONES JUDICIALES CONTRA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCUMPLAN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LA NEUTRALIDAD POLÍTICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LES HACE RESPONSABLES DE LOS POSIBLES ENFRENTAMIENTOS QUE ORIGINE SU COMPORTMIENTO PARTIDISTA.

La retención por parte de los Mossos d’Esquadra de ciudadanos que se dedicaban a la retirada de símbolos políticos nacionalistas colocados irregularmente en el espacio público y su intencionada criminalización por parte de las autoridades catalanas mediante la emisión de una nota informativa del Departamento de Interior constituye un precedente inadmisible en un Estado que se denomina de Derecho.

Las Administraciones Públicas, así como las autoridades y funcionarios que actúan en su nombre no lo pueden todo, sólo caben actuaciones conforme a las competencias y atribuciones que les otorgan las leyes. Las administraciones públicas catalanas y especialmente la policía autonómica se han puesto al servicio de la causa separatista y han iniciado una notoria campaña de demonización del disidente al nacionalismo. Pretenden hacer del paisaje catalán un espacio reservado únicamente a la ideología nacionalista en el que la simbología secesionista y golpista está obsesivamente presente. Si ello es en sí grave, el paso dado recientemente y que tuvo su pistoletazo de partida en el anuncio del Presidente de la Generalitat de perseguir a los “fascistas”, identificando como tales a los ciudadanos constitucionalistas, es contraria a las reglas más básicas de la democracia.

Visto el preocupante comportamiento de las autoridades nacionalistas catalanes que han iniciado una fase agresiva contra el constitucionalismo en Cataluña es necesario recordar lo obvio: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que regula las bases de la actuación de las Administraciones Públicas, también las de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de las Corporaciones locales, establece que las Administraciones:

  • Deben servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.
  • Deben respetar en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a los ciudadanos; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, teniendo en cuenta que su actuación se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
  • Cuando adopten medidas que restrinjan derechos individuales, deben motivar su necesidad en la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que en ningún caso pueda ampararse diferencias de trato discriminatorio.
  • Sólo pueden ejercer la potestad sancionadora cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley y sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.

Pues bien, la actividad de ciudadanos ejemplares que retiran símbolos nacionalistas como los lazos amarillos o banderas partidistas como la estelada, ante la pasividad de las Administraciones Públicas que incumplen con el deber de retirarlas de los espacios y edificios públicos no constituye, por supuesto, ninguna infracción administrativa ni mucho menos penal.

Por el contrario, la detención o retención de personas y la intervención de material destinado la retirada de los símbolos partidistas es, por supuesto, una actuación contraria al ordenamiento jurídico y los funcionarios y autoridades que la lleven a cabo incurren en infracciones administrativas o penales que deben ser perseguidas de oficio por las Administraciones y Tribunales.

Por ello, SOLICITAMOS;

  • Que finalice la arbitraria persecución contra ciudadanos que cumplen sus deberes cívicos haciendo que el espacio público sea un lugar de encuentro de todos, ante la inactividad de las Administraciones Públicas catalanas que no cumplen con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos a un espacio sin contaminación política partidista.
  • Que las Administraciones Públicas respeten el principio de neutralidad política y retiren de los edificios públicos la simbología partidista u ofensiva contra otras Administraciones o Poderes Públicos del Estado y hagan cumplir la legislación vigente en relación con el uso del espacio público denunciando a aquellas personas que se encargan de ensuciar y contaminar las zonas públicas.

Ante el antidemocrático comportamiento del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y de muchos representantes políticos de Ayuntamientos catalanes que ponen a las policías y a los funcionarios de las Administraciones públicas al servicio de su ideología, discriminando a los ciudadanos por sus ideas políticas y persiguiéndoles policialmente, INFORMAMOS que Impulso Ciudadano solicitará de la Fiscalía que investigue la posible comisión de delitos por ese comportamiento y denunciará ante la Unión Europea y los Organismos que velan por la protección de los Derechos Humanos la falta de calidad democrática de las instituciones catalanas y el régimen de terror que tratan de implantar contra los ciudadanos no nacionalistas. 

Asimismo, ANUNCIAMOS que procederemos a presentar requerimientos ante los Ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña solicitando que cesen en el comportamiento abusivo que supone la colocación de símbolos nacionalistas o su inactividad en la retirada de los mismos, poniendo de manifiesto que hacemos responsables dolosos o culposos a las Administraciones Públicas y a sus autoridades y funcionarios por los daños y perjuicios que originen por su acción o inacción, dado que están promoviendo con su comportamiento el enfrentamiento entre ciudadanos que puede derivar, incluso, en actitudes agresivas por parte de sectores nacionalistas intolerantes.

En Barcelona, a veinte de agosto de dos mil dieciocho.