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En un informe de 31 páginas contrarresta las falacias del remitido por la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat que, en el marco de una consulta pública de la Comisión para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho 2020, pretendía dañar la imagen de España y en particular la de nuestro Poder Judicial.

Impulso Ciudadano presenta abundantes evidencias que prueban que los verdaderos riesgos para el Estado de Derecho en nuestro país derivan de la sistemática vulneración de la legalidad por parte de las autoridades nacionistas en Cataluña.

Conclusiones del informe:

En Cataluña se vive una situación de amenaza del Estado de Derecho como
consecuencia, fundamentalmente, de la decisión de varias administraciones catalanas (la
Generalitat de Cataluña, varias administraciones locales y las universidades públicas) de obrar
al margen de sus obligaciones legales con el fin de favorecer las aspiraciones del movimiento
nacionalista.

Esta actuación al margen de la legalidad se concreta en la falta de neutralidad de las
administraciones públicas, que son utilizadas para exhibir símbolos nacionalistas, a la vez
que se tolera que esos símbolos sean ubicados también en espacios de titularidad pública,
aun en contra de las normativas existentes sobre colocación de símbolos en el mobiliario
urbano. A la vez, se utiliza a la policía para perseguir a quienes retiran dichos símbolos. El
uso partidista de las instituciones no se detiene ni siquiera en época electoral y va
acompañado de la desobediencia a las órdenes de la administración electoral.
En lo que se refiere a la educación, la Generalitat no cumple la obligación
constitucional de que al menos una cuarta parte de la enseñanza se desarrolle en castellano y
desincentiva que los ciudadanos reclamen el cumplimiento de la ley ante los tribunales. El
recurso individualizado a los tribunales es insuficiente para conseguir la efectividad de los
derechos. Además, se han documentado evidencias muy graves de adoctrinamiento, lo que
no es compatible con una enseñanza orientada a favorecer el libre desarrollo de la
personalidad.

Las universidades públicas también se han apartado de su obligación legal de
neutralidad y han llegado a limitar los derechos fundamentales de alumnos contrarios al
nacionalismo, tolerando actos de boicot o acoso a los mismos.

Esta tolerancia de los poderes públicos hacia la violencia política protagonizada por
los nacionalistas se ha traducido en una violencia estructural que en el año 2019 ha sumado
casi 1200 incidentes. El gobierno de la Generalitat ha intentado minimizar la violencia
nacionalista ofreciendo datos que trasladan una imagen falsa de la intolerancia política en
Cataluña, puesto que la gubernamental Oficina de Derechos civiles y Políticos considera que
los incidentes de intolerancia política son atribuibles a grupos que califica como españolistas
cuando la práctica totalidad de los incidentes de violencia política y de odio ideológico son
atribuibles a organizaciones o personas que practican el nacionalismo agresivo y el
etnocentrismo. Por lo tanto, desde la propia Administración Pública catalana se trata de
manipular la información que se facilita a los ciudadanos.

La sobrefinanciación de medios privados afines, vía campañas de publicidad
institucional cuya planificación desatiende los criterios de difusión, y el férreo control (por
parte del Ejecutivo catalán) de los órganos y cargos clave de la corporación audiovisual
pública constituyen otro punto débil del Estado de Derecho en Cataluña.

Finalmente, instituciones que deberían defender los derechos de todos los
ciudadanos (Síndic de Greuges) han optado por convertirse en un instrumento más de la
estrategia nacionalista, lo que ha dejado desamparados a los ciudadanos que no comparten
los planteamientos de quienes detentan el poder en las administraciones catalanas.

Barcelona, a 29 de junio de 2020

Link al informe

Link a la información de Crónica Global

Link de las conclusiones al informe en inglés