El informe del Relator apoya acríticamente las políticas lingüísticas nacionalistas por el mero hecho de defender los intereses de lo que él, sin ninguna fundamentación conceptual, considera una minoría, vulnerando, de este modo, los derechos de la mayoría de ciudadanos castellanohablantes de Cataluña.
Conclusiones del informe de la AEB:
“El informe del Relator parte de un concepto subjetivo de minoría que carece de aceptación generalizada y cuya proyección en España introduce división y contradice elementos esenciales de nuestra comunidad política y jurídica.
Por otra parte, el informe fomenta la discriminación en la medida que contribuye a legitimar la vulneración de derechos individuales en una muestra de falta de coherencia clamorosa, sobre todo en el punto en que hace compatible la defensa de la educación en lengua materna de los miembros de la minoría con la privación de ese derecho a quienes no forman parte de la minoría, pero viven en el mismo territorio que ésta.
Finalmente, el informe carece de objetividad, incurre en imprecisiones y errores y asume acríticamente las posiciones de las entidades vinculadas al nacionalismo catalán”.
