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La Generalitat confirma las sanciones a empresarios por no rotular en catalán.

Impulso Ciudadano celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo Catalán y lamenta que la política de la generalitat se base en el bastonazo y no en la persuasión.

Impulso ciudadano pone en conocimiento de la opinión pública que la Agencia Catalana de Consumo ha desestimado los recursos de alzada interpuestos por los empresarios Xurde Rocamundi y Feliciana Piris Duque, contra las sanciones de 1200€ que le fueron impuestas por no disponer en catalán de toda la rotulación y carteles de los respectivos establecimientos.

La confirmación de estas sanciones desmiente las manifestaciones efectuadas por algunos dirigentes políticos en relación con una posible atenuación de la política sancionadora en materia lingüística. La realidad demuestra que el gobierno catalán mantiene un rigor desproporcionado en el tema de las multas lingüísticas que contradice todos los postulados relacionados con la libertad de expresión y con el principio de igualdad de trato a los consumidores catalanes. Es evidente que no se sanciona si rotulas sólo en catalán y se sanciona si lo haces exclusivamente en castellano.

En todo caso, es especialmente grave que se confirmen estas sanciones cuando el Gobierno catalán está vinculado por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que ha declarado: “…que el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a estas, a su titular o su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas solo puede ser exigibles en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos.”

Mas cuando hoy mismo se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo de Cataluña que demuestra, al menos, las razonable dudas que existen sobre todo el modelo sancionador catalán en las políticas lingüísticas que lamentablemente se ha basado en la política del bastonazo y no en la del fomento y la persuasión.

Para entender la verdadera voluntad de esta política lingüística, resulta revelador que se confirme la sanción, eso sí con una rebaja que va de 1200 euros a 700 euros, cuando en uno de los casos, la empresaria ha procedido a hacer desaparecer el motivo de la sanción: el rótulo y el cartel fijo escritos en castellano. En concreto se tapó en el rótulo principal las menciones “Textil Hogar y tapicería. Lanas, sastrería y fantasía” y el cartel informativo “Los hilos no se cambian”.

Cabe concluir, por lo tanto, que en este caso se sanciona porque se tuvo la información en castellano, lo que viene a demostrar que la finalidad última de estas sanciones es realmente la erradicación en el paisaje mercantil y comercial en Cataluña del idioma castellano.

Solicitamos que en la próxima contienda electoral, los ciudadanos valoren especialmente la voluntad totalitaria de algunas formaciones que son contrarias a la libertad de expresión en las relaciones privadas y que no se dejen engañar por aquellos que ahora sancionan y que dicen que en el futuro no lo harán.

Barcelona, 10 de noviembre de 2010