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En el día de hoy se han conocido dos sentencias de especial relevancia. La sentencia de del Tribunal de Justicia de la UE (caso Junqueras) que establece que los diputados del Parlamento Europeo gozan de inmunidad desde que son proclamados electos y no desde su toma de posesión y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (caso Torra) que condena por desobediencia al Presidente de la Generalitat y le inhabilita durante un año y medio.

A la vista de la reacción de los políticos separatistas que han aprovechado las sentencias para desacreditar el modelo judicial español, Impulso Ciudadano considera pertinente hacer pública la siguiente valoración.

PRIMERO.- En cualquier Estado u organización en que se respete el Estado de Derecho todos hemos de estar a lo que establezcan los tribunales competentes, y el Tribunal de Luxemburgo lo es para interpretar el Derecho de la UE en materia de inmunidad parlamentaria.

Por eso, ha de destacarse la responsabilidad del Tribunal Supremo que, ante las dudas existentes sobre la proyección de la normativa europea sobre inmunidades parlamentarias en el caso del Sr. Junqueras, optó por formular consulta al Tribunal de Luxemburgo. Gracias a la consulta del Tribunal Supremo el régimen de las inmunidades parlamentarias en la UE es ahora más claro. No obstante, debemos recordar que la práctica seguida hasta ahora en aplicación del Derecho de la UE era diferente.

La decisión puede tener incidencia en la situación de quienes se mantienen prófugos de la justicia española, los Sres. Puigdemont y Comín, elegidos como eurodiputados en los comicios del mes de mayo, pero ha de recordarse que la inmunidad no es impunidad. Por lo tanto, si acceden a la condición de diputados los tribunales españoles deberán solicitar de manera inmediata el levantamiento de su inmunidad al Parlamento Europeo de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Parlamento de la UE.

Una vez más es necesario recordar que tanto los condenados en España como los que han huido de la justicia están siendo enjuiciados por hechos de una enorme gravedad: la derogación de la Constitución al margen de los procedimientos legales, la desobediencia a los tribunales, la malversación de caudales públicos y la utilización de la administración para fines ilegales. Estas conductas han de ser perseguidas y España debería contar para ello con la colaboración del resto de países europeos. El mecanismo de las euroórdenes está diseñado para que se acceda a la solicitud de entrega formulada por las autoridades judiciales de los Estados miembros. Si dicha entrega no se produce quedará debilitada la imprescindible cooperación entre los Estados y la propia Unión Europea.

Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y apelamos a que las críticas que pueda haber a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no pasen el umbral de la deslegitimación de la institución. La UE sigue siendo un proyecto positivo y en el que debemos congratularnos en participar. Exigimos, sin embargo, una reflexión sobre las causas del fracaso de la cooperación entre los Estados miembros en materia penal, un fracaso que será difícil que la opinión pública deslinde de la sentencia que hoy se ha dado a conocer.

SEGUNDO.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se condena a la pena de inhabilitación al Presidente de la Generalitat por desobediencia al incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirada de la pancarta a favor de los presos políticos y exiliados del Palacio de la Generalitat tiene una enorme relevancia que no puede ser desconocida por los ciudadanos y los actores políticos en concreto.

La sentencia nos reafirma en nuestra confianza en el Estado de Derecho, en la medida que reitera a todos los Poderes Públicos que están obligados a respetar las resoluciones y que no existen áreas de impunidad, ni siquiera para los Presidentes de la Generalitat.

Por ello, consideramos muy preocupantes las declaraciones pregolpistas de Joaquim Torra cuando se sitúa al margen del derecho y reclama para sí un espacio de impunidad en su actuación pública. Puede despreciar a los Tribunales y al principio de la separación de poderes de forma grosera, pero no impedirá la ejecución de la resolución judicial cuando sea firme.

TERCERO.- IMPULSO CIUDADANO considera que el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017 o la actitud recalcitrantemente desobediente del actual Presidente de la Generalitat no merecen solamente reproche jurídico. El reproche político es necesario.

No puede existir justificación o comprensión hacia quienes utilizaron el poder público para destruir nuestro marco de convivencia y vulneraron los derechos fundamentales. El rechazo político a estas actuaciones es imprescindible, sobre todo cuando quienes lo protagonizaron reiteran su vocación de repetirlo y se jactan de despreciar las resoluciones de los Tribunales.

En este sentido, apelamos al sentido común de todas las formaciones constitucionalistas y mostramos nuestra preocupación porque el PSOE y el PSC prefieran buscar el acuerdo con quienes dirigieron el intento de secesión en 2017 y desprecian el Estado de Derecho y la separación de poderes. Reiteramos, una vez más, la necesidad de que las fuerzas que comparten los valores constitucionales y el marco de convivencia que entre todos nos dimos en 1978, así como los valores de la Unión Europea, se esfuercen en articular los consensos imprescindibles para hacer posible la gobernabilidad de España.

La comprensión política hacía los que han sido condenados por sedición, malversación o desobediencia hace que sea difícil para la opinión pública internacional percibir la gravedad del atentado a las libertades que supusieron los hechos de septiembre y octubre de 2017. De la misma manera que no se puede defender como interlocutor legítimo para la configuración de un Gobierno o para establecer pactos de gobernabilidad a una persona, como el Presidente de la Generalitat, que acaba de ser inhabilitada para el cargo.

Llamamos, por tanto, a la responsabilidad de todos para que dejen de contribuir al blanqueamiento de quienes tienen como único objetivo –y así lo reiteran prácticamente a diario- la destrucción del sistema de libertades y de nuestra unidad como Nación. Este blanqueamiento tiene nefastas consecuencias tanto para la convivencia en España como para la imagen de nuestro país en el exterior.