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IMPULSO CIUDADANO REQUIERE A QUIM TORRA PARA QUE RETIRE LA PANCARTA A FAVOR DE LOS “PRESOS POLÍTICOS” Y “EXILIADOS” DEL PALAU DE LA GENERALITAT

La Asociación Impulso Ciudadano ha presentado hoy, 5 de junio, un escrito requiriendo al Presidente de la Generalitat para que retire del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta en la que reclamaba la “libertad de los presos políticos y exiliados”, en catalán y en inglés, con un lazo amarillo. Esta pancarta u otra similar fue retirada después de que la Junta Electoral Central lo ordenara para el periodo de campaña. La pancarta fue nuevamente colocada el 27 de mayo de 2019, una vez acabados los periodos correspondientes a las elecciones locales y europeas.

El requerimiento se ha efectuado al amparo de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que permite este tipo de requerimientos en supuestos en que la Administración emplee las vías de hecho. En este caso, la colocación de esa pancarta es una actuación material que no se sustenta en un acuerdo previo conocido.

A juicio de Impulso Ciudadano, la presencia de la citada pancarta en el edificio del Palau de la Generalitat, sede de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pudiera constituir un acto nulo de pleno derecho al vulnerar los derechos fundamentales contemplados en la Constitución española (CE) y en los tratados internacionales relativos al respeto al pluralismo político (art. 1.1, 9.2 y 9.3 de la CE) y a la libertad ideológica (art. 16.1 de la CE), además de estar afectado por la desviación de poder.

El escrito de intimación recuerda que la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016 (que confirmó la decisión de la Junta Electoral Central de retirar esteladas de edificios públicos y que ha sido aplicada a otros símbolos y espacios de titularidad pública en las recientes contiendas electorale) ha dado lugar, entre otros, al acuerdo de la Junta Electoral Central 383/2019, de 21 de mayo de 2019 por el que se ha declarado que “el deber de neutralidad política de todos los poderes públicos durante los periodos electorales exige la eliminación de todo símbolo partidista en cualquier edificio público, local electoral, lugar de titularidad pública o cualquier espacio público que esté bajo el control de una Administración pública”.

En el requerimiento se advierte que ese mandato no finaliza cuando acaban los procesos electorales, sino que es un mandato que vincula a los Poderes Públicos en todo momento. La neutralidad institucional no es una suerte de corriente que puede manejarse con un interruptor: se activa en los procesos electorales y se desactiva fuera de ellos.

Consideramos que la neutralidad y la objetividad institucional no pueden anularse a voluntad del Gobierno de turno. A esos efectos el escrito menciona la sentencia núm. 579/2018, de 5 de julio de 2018, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, con motivo del requerimiento efectuado al Ayuntamiento de Sant Cugat para que retirara la bandera estelada que había colocado el consistorio en un mástil en una plaza pública, declaró que el principio de neutralidad institucional, aunque reforzado en los periodos electorales, “debe mantenerse en todo momento”.

El Presidente de la Generalitat tiene diez días hábiles para atender el requerimiento (vence el 20 de junio) y si no retira la pancarta, Impulso Ciudadano interpondrá el pertinente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y solicitará como medida cautelar que se quite la pancarta.

Impulso Ciudadano tiene como fines sociales promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; defender los valores contenidos en la Constitución Española de 1978; fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades españolas; e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las Administraciones Públicas.

En Barcelona, a 5 de junio de 2019.