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El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha pedido a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, que haga uso de sus facultades para suspender el convenio firmado por el ayuntamiento de Torres de Segre (Lleida) con el “Consell per la Republica” y lo impugne ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dicho convenio, aprobado el 29 de abril, implicará la implementación de la ID Republicana en los equipamientos municipales y, según el propio ayuntamiento, forma parte “de l’estratègia de ruptura del Regne d’Espanya” ya que, según declaraciones del alcalde, el consistorio municipal trabaja braç a braç con el “Consell per la República”, institución heredera “del 1 de octubre” con el fin de “fer-lo efectiu”.

El acuerdo adoptado, de enorme gravedad, pretende sustituir el Documento Nacional de Identidad por un documento privado sin eficacia administrativa, expedido por los ayuntamientos que carecen de competencias en esa materia, por lo que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho al vulnerar la Constitución e invadir competencias estatales.

Impulso Ciudadano ha solicitado también a la Delegada del Gobierno que valore la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, del artículo 404 del Código Penal, por parte de los concejales que votaron a favor de la suscripción del convenio de colaboración del Ayuntamiento con la entidad presidida por Carles Puigdemont.

“Los ciudadanos catalanes y del resto de España tenemos derecho a que las administraciones públicas ajusten su comportamiento a las exigencias constitucionales”, señala José Domingo a la Delegada del Gobierno, y concluye con estas palabras: “Es intolerable que una administración local actúe abiertamente para conseguir la derogación de la Constitución y la ruptura de la integridad territorial; pero sería aún más lamentable que el Gobierno de España no interviniera ante un caso así”.

Se adjunta texto de la carta dirigida a la Delegada del Gobierno en Cataluña y de los dos documentos (1 y 2) adjuntos a la misma.