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  • Lamenta que no haya adaptado el sistema educativo a las resoluciones de los Tribunales y advierte de su posible contenido prevaricador.
  • Solicita que suspenda la entrada en vigor de la resolución.
  • Advierte que si el Departamento no resuelve esta petición antes del día 22 de agosto, la citada resolución dejará de producir efecto.


La asociación Impulso Ciudadano ha presentado recurso de alzada ante la Consellera Irene Rigau contra la resolución de 21 de junio de 2013 de la Secretaría General del Departamento por la que se aprobaron los documentos que han de regir el curso 2013-2014 por considerar que la resolución deliberadamente ignora la doctrina del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo sobre usos de las lenguas vehiculares en los centros educativos catalanes.

En concreto, el documento denominado El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic” sólo contempla al catalán y al occitano en el Valle de Arán como lenguas normalmente empleadas como lenguas vehiculares y de enseñanza del sistema educativo, ignorando que según han dispuesto los Tribunales el castellano también ha de ser lengua vehicular.

El Departamento no prevé la posibilidad de una enseñanza bilingüe (catalán-castellano) o trilingüe  (catalán-castellano-inglés) y no fija la proporción de las lenguas como vehiculares en la enseñanza. Sí regula, en cambio, lo que denomina la atención lingüística individualizada en la primera enseñanza  a pesar de que el Tribunal Supremo ha vetado expresamente este método pedagógico ignorando la doctrina que obliga a adoptar las medidas adecuadas para implantar el modelo de conjunción lingüística.

Impulso Ciudadano lamenta  la cerrazón del Departamento que no puede alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico y que llega incluso a repetir por dos veces  la regulación de la atención lingüística individualizada, como si quisiera hacer ostentación y alarde de su desacato y actitud prevaricadora.

Impulso Ciudadano ha solicitado que el Departamento suspenda la entrada en vigor de esta resolución y ha recordado que si no resuelve esta petición antes del día 22 de agosto, la citada resolución dejará de producir efecto.