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Como principios generales todos los partidos políticos coinciden en rechazar la corrupción política, en apoyar a las instituciones democráticas y en la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de una mayor transparencia en la actuación pública.

Sin embargo, el tema de la financiación de los partidos políticos suele ser ignorado por las formaciones a pesar de que muchos casos de corrupción tienen su raíz en la necesidad de cubrir los enormes gastos de las maquinarias de los partidos.

Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas han evidenciado una profunda desconfianza hacia la clase política y en el apartado de las preocupaciones de los españoles se ha colado la credibilidad de los partidos políticos. No es, por tanto, una casualidad que España tenga la tasa de afiliación a partidos políticos más baja de Europa.

En un reciente pleno del Parlamento autonómico de Cataluña formulé una serie de medidas destinadas a favorecer la transparencia en la financiación de los partidos políticos y me quedé prácticamente solo. Elaboré estas medidas tomando como base tres documentos trascendentales. Se trataba del Informe de evaluación sobre la transparencia de la financiación de partidos en España que aprobó el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) el 15 de mayo de 2009; del Informe 25/2009 de la Sindicatura de Cuentas sobre el Acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales y de financiación de los partidos políticos; y de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos.

La democracia en España es cara. El modelo de financiación es mixto: público-privado. Ahora bien, la desproporción entre una y otra es enorme, mientras las subvenciones públicas alcanzan aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos reconocidos de los partidos políticos, las donaciones privadas y las cuotas de los afiliados tienen un peso mucho menor. En concreto, las cuotas de los militantes constituyen cantidades insignificantes en el total de la financiación. Por lo tanto, el erario público es la base principal de los recursos y en aras de la tan cacareada transparencia, es imprescindible que el origen de los ingresos y su destino sea conocido por la opinión pública. Lamentablemente, las cuentas de los partidos políticos no están al alcance ni de los propios militantes.

Se ha discutido recientemente, a raíz del caso Millet, sobre las subvenciones irregulares de las fundaciones de los partidos políticos. En cambio, pasa casi desapercibido el importante papel que tienen los préstamos bancarios en la financiación política de los partidos. En España se estima que la deuda de los partidos políticos alcanzaba unos ciento cuarenta y cinco millones de euros en el año 2005. Bien es verdad que la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos políticos requiere que se especifiquen en los correspondientes informes financieros las condiciones de los préstamos contratados, pero esto no es suficiente porque no se exige ninguna información complementaria sobre la condonación de préstamos o sobre la concesión de créditos en términos preferenciales extremadamente generosos.

No es una cuestión menor, entre 1997 y 1999 se cancelaron deudas a partidos políticos por valor de más de diecinueve millones de euros. Es incoherente que se ponga límite a las contribuciones de donantes individuales y, en cambio, las entidades financieras puedan donar sin tope mediante la condonación del principal o de los intereses.

Da la impresión de que se pretende distraer a la opinión pública guiando su mirada hacia unos concretos focos mientras se obvian otros. Desde luego, una gran parte de la corrupción en la que se ven implicados partidos políticos se vería corregida si se decidiera dar un verdadero hachazo al enorme capítulo de gastos electorales. La contención en materia de corrupción es buena consejera.

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