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Hoy se ha conocido la decisión condenatoria del Tribunal Supremo (TS), consecuencia del juicio contra los líderes políticos separatistas por sedición, malversación y desobediencia. La sentencia se conoce después de un proceso judicial iniciado hace ocho meses a raíz del intento de derogación de la Constitución en Cataluña.

Nuestra asociación, Impulso Ciudadano, siempre apegada al ordenamiento jurídico vigente, respeta el contenido de la sentencia y considera pertinente hacer las siguientes consideraciones:

1.- La sentencia da respuesta penal a unos hechos de una enorme gravedad.

Quienes vivimos en Cataluña aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017 recordamos bien la enorme tensión vivida, la angustia sufrida como consecuencia del desafío secesionista que pretendía apartarnos de España y de la Unión Europea. Vernos convertidos en extranjeros en nuestro propio país, privados de los derechos y libertades garantizados por la Constitución.

Nadie puede sensatamente negar ni la enorme gravedad de aquellos hechos ni el reproche jurídico y político a quienes, ejerciendo el poder público por mandato constitucional, decidieron utilizarlo al margen de la ley. En contra de la Constitución y en abierta desobediencia a las decisiones judiciales, adoptando un comportamiento que en ningún país ni, por descontado, en ninguna democracia, puede ser pasado por alto.

El desafío institucional no se agota en sí mismo; sino que tenía y tuvo consecuencias sobre los derechos de las personas, unos ciudadanos que veían impotentes como las administraciones que debían estar a su servicio les amenazaban con una actuación ilegal e injusta, desarrollada ante sus ojos durante semanas con plena impunidad.

 

2.- La sentencia es parte de la solución a la crisis de convivencia que vivimos.

El hecho de que muchos catalanes compartieran el anhelo independentista no puede hacer olvidar que otros muchos eran y son contrarios a este objetivo. En una sociedad enfrentada, la ley es la primera y última línea de defensa de la convivencia y vulnerar la ley es un atentado directo a la convivencia.

Los juicios a los líderes del proceso secesionista y a los otros investigados por el ilegal propósito de derogar la Constitución en Cataluña, son esenciales para encontrar una solución a la problemática nacionalista. Sin esos procesos se legitimaría la actuación del poder público contra la ley y eso es inadmisible en cualquier democracia. Además es intolerable para los ciudadanos que cumplen con el ordenamiento jurídico.

La asunción de que lo acaecido en otoño de 2017 fue un atentado a la democracia es una base imprescindible para la reconstrucción de la convivencia. Quienes postulan que el reproche penal a esos hechos debe ser olvidado, profundizan en la desigualdad entre nacionalistas y no nacionalistas; consagrando que los primeros gozan del privilegio de vulnerar la ley impunemente.

 

3.- La sentencia culmina un proceso respetuoso con las garantías de los condenados.

En un Estado de Derecho no puede consentirse que quienes profesen determinada ideología dispongan de bula para delinquir impunemente. Los mecanismos judiciales deben operar con objetividad y de acuerdo con criterios jurídicos.

Esto es lo que ha sucedido en este caso, habiéndose desarrollado el proceso de manera ajustada a Derecho y  dando la oportunidad a todas las partes de exponer sus argumentos y presentar sus pruebas. El debate se ha producido sin cortapisas, transparente y que ha podido ser seguido por todo el mundo en una muestra de transparencia con pocos precedentes en ningún país.

La crítica legítima es uno de los elementos esenciales en cualquier democracia pero la discrepancia no priva de su obligatoriedad a la decisión judicial, que ha de ser acatada incluso por quienes disientan de su contenido. Serán el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los que valoren si se han conculcado los derechos fundamentales de los condenados. Nuestro sistema es de los más garantistas del mundo.

 

4.- La sentencia ha de ser acatada por los poderes públicos.

Las autoridades han de acatar la sentencia, evitando utilizar las administraciones y medios públicos para canalizar su discrepancia con la sentencia o para oponerse al Poder Judicial mediante llamamientos a la desobediencia institucional ni civil. La desobediencia es incompatible con el poder público porque si actúa al margen de la ley y en contra de las decisiones judiciales se convierte en un tirano para los ciudadanos que a él están sometidos.

No existen instituciones públicas al margen del ordenamiento jurídico. Las escuelas y universidades públicas tampoco. Éstas se encuentran sometidas a la ley y han de ser neutrales. Los órganos de gobierno de las universidades, los equipos directivos o claustros de los colegios han de mantenerse al margen, en cuanto tales, de cualquier protesta; pues, como decimos, ese derecho a la discrepancia corresponde a los ciudadanos, no al poder público.

En este contexto ha de recordarse que el derecho de manifestación es un derecho de los ciudadanos, no de los poderes públicos. El derecho de reunión está reconocido en España de forma muy amplia. Ahora bien, su ejercicio es incompatible con la coacción hacia los que no quieren participar en las manifestaciones y no puede amparar la limitación de sus derechos a la movilidad, a trabajar o a estudiar, por ejemplo.

El derecho de manifestación ha de realizarse con pleno respeto a las reglas de convivencia y sin alterar el orden público. Por lo tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de garantizarlo y velar porque quienes lo ejercen respeten los derechos de los demás.

Por todo ello, desde Impulso Ciudadano:

  • Respetamos el contenido de la sentencia y considera positivo que el Tribunal Supremo haya sabido dar una respuesta proporcional y ajustada al comportamiento desleal con la Constitución y con el pueblo español que los políticos y agitadores secesionistas llevaron a efecto en septiembre y octubre de 2017.
  • Confiamos en que la responsabilidad de todos haga que la sentencia sea el primer paso para la recuperación de la convivencia en Cataluña; recuperación que exige un diálogo amplio, sincero y profundo entre todos los catalanes, un diálogo en el que Impulso Ciudadano estará siempre dispuesto a participar.
  • Exigimos pleno respeto a la ley y a las decisiones judiciales por parte de todos los Poderes públicos. Lamentamos que las autoridades nacionalistas traten de convertir su respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en una rebelión institucional que nos devolvería a las dramáticas semanas de septiembre y octubre de 2017.
  • Reclamamos la adopción de las medidas necesarias para garantizar la convivencia y el respeto al orden constitucional.
  • Advertimos que procederemos a denunciar las coacciones, extralimitaciones y vulneraciones de derechos fundamentales por parte de aquellos que confundan el legítimo derecho de reunión con la práctica de revueltas coactivas, contrarias al ordenamiento jurídico y al marco de convivencia entre los ciudadanos.