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La plataforma Escuela de Todos, de la que forma parte Impulso Ciudadano, lanza el comunicado «El Gobierno de la Generalitat hace expreso que desobedecerá a los tribunales y no ejecutará la sentencia del 25%».

La rueda de prensa de hoy de la Generalitat confirma que el Departamento de Educación no remitirá ninguna instrucción para dar cumplimiento a lo ordenado por el TSJC en su auto de ejecución de 4 de mayo. En el mencionado auto se daba de plazo hasta el 31 de mayo a fin de que se informara de las medidas adoptadas por el Departamento para cumplir con lo establecido en la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020, que obliga a que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano. En estos días ninguna instrucción se ha emitido por parte del Consejero para dar cumplimiento a dicha resolución y hoy se ha confirmado que no emitirá ninguna resolución en este sentido.

La desobediencia clara, frontal y explícita a las decisiones judiciales por parte de los poderes públicos es una quiebra del Estado de Derecho que debe ser reparada por todos los medios de los que se disponga y a tal fin emplazamos a todos los actores políticos a utilizar los recursos de los que disponen para conseguir la plena aplicación de la Constitución y de las sentencias de los tribunales.

El auto del TSJC de 4 de mayo de 2022 establece que todos los alumnos catalanes deberán recibir al menos un 25% de su docencia en castellano, y que el 31 de mayo el Consejero de Educación ha de informar de en qué forma se ha dado cumplimiento a este mandato. No hay ningún otro contraste posible para verificar el cumplimiento de la decisión judicial que la efectividad de esa docencia en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

La portavoz del gobierno de la Generalitat ha hecho expreso, sin embargo, que la respuesta a las decisiones de los tribunales, que exigen una presencia mínima de castellano en la docencia, es el Decreto ley que ha aprobado el consejo de gobierno de la Generalitat y que pretende servir de vía para eludir el cumplimiento de la mencionada sentencia.

Es una afirmación que no se sostiene. Por una parte, como ya se ha indicado, la única respuesta que cabe a las decisiones judiciales mencionadas es que todos los alumnos catalanes reciban una parte de su docencia, no inferior al 25%, en castellano. De no darse esta docencia efectiva en castellano se estará desobedeciendo el auto de 4 de mayo de 2022 y la sentencia de 16 de diciembre de 2020.

En caso de que la Generalitat entienda que ha habido una modificación legislativa que impide el cumplimiento de la sentencia así lo tendrá que indicar al TSJC, quien podrá valorarlo, pero en tanto no se produzca una decisión del TSJC sobre la incidencia de la nueva normativa en las decisiones judiciales adoptadas, éstas siguen siendo plenamente obligatorias.

El texto del Decreto ley aprobado no contradice lo establecido en las decisiones judiciales, pues en ningún momento excluye -como no podía ser de otra manera- que tanto el castellano como el catalán son lenguas que han de ser utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en el sistema educativo catalán; y es, por tanto, compatible con lo establecido en las mencionadas decisiones.

Lo que establece el Decreto ley sobre la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas no puede tener como efecto negar la exigencia constitucional de que ambas lenguas oficiales, castellano y catalán (y el aranés en el Valle de Aran) sean utilizadas en la enseñanza y que en caso de que alguna de ellas reciba el tratamiento de una lengua extranjera deba corregirse esa situación, que es lo que han declarado los tribunales. Sea como sea, las prescripciones del Decreto Ley no son aplicables al mínimo vehicular del castellano y del catalán.

Más allá de lo anterior, reiteramos que el plazo del 31 de mayo sigue vigente y que en caso de que ese día los alumnos catalanes no estén recibiendo al menos un 25% de su docencia en castellano se estará produciendo una quiebra del Estado de Derecho que deberá ser reparada de inmediato.

En este sentido, tiene una especial responsabilidad el Gobierno de España, que dispone de mecanismos para conseguir que la Generalitat ajuste su comportamiento a las exigencias constitucionales.

El día 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará escrito ante TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata.

Escuela de Todos reitera nuestra decidida voluntad de hacer de los centros educativos espacios de convivencia linguística y acabar con el modelo monolingüe tan perjudicial para los alumnos catalanes.

Barcelona, a 30 de mayo de 2022