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jordi-porta-omniumEn Cataluña, el mecenazgo y la generosidad de determinados prohombres han sido trascendentales a la hora de impulsar proyectos culturales y sociales que han revertido en el bien común. Ahora bien, cabe preguntarse si actualmente no está ocurriendo lo contrario y si, con el bien común como excusa, no están siendo los partidos políticos los que instrumentalizan al asociacionismo. El caso del Palau de la Música, en el que se entretejen el beneficio personal y el político, y el de Òmnium Cultural, en el que el Gobierno utiliza a esta institución como ariete de su acción, son especialmente ilustrativos.

Ríos de tinta se han vertido sobre el asunto de Fèlix Millet. Sin embargo, el saqueo de las administraciones catalanas por Òmnium Cultural ha merecido el habitual manto de silencio del Gobierno, cuya neutralidad y objetividad quedan en entredicho.

En términos generales, la concesión de subvenciones genera clientelismo y debilita la independencia de las entidades perceptoras. En el caso del asociacionismo nacionalista, sus intereses se confunden con los del Gobierno. Es más, estas entidades se encargan de hacer los trabajos especiales que no pueden asumir los partidos que lo componen. Es hora de frenar este despropósito. Es hora de aclarar las cuentas. Es hora de mesura y transparencia.

Òmnium Cultural es una entidad con gran tradición en Cataluña. Fundada en 1961 por, entre otros, Félix Millet y Maristany -padre del ex presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música-, cuenta con una red de entidades subordinadas como la Fundación Privada Òmnium, la Plataforma per la Llengua, el Col·lectiu l’Esbarzer y la Fundación Vincle. Su capacidad de incidencia es enorme, son de Òmnium miembros del Gobierno y gran parte de los generadores de opinión de Cataluña. Su labor política, de un nacionalismo exacerbado, supera con creces su presunta finalidad cultural. Prueba de ello es que en el año 1991 llegó a vetar la presencia en la Fiesta de las Letras Catalanas del entonces Ministro de Cultura, el catalán Jordi Solé Tura, porque «Òmnium no claudica ante la voluntad de un ministro español». No es, por tanto, la entidad seráfica e imparcial que se pretende vender, sino un grupo de presión y de agitación nacionalista-independentista. En el último referéndum estatutario, dio libertad de voto a sus asociados, pero su presidente, Jordi Porta, muy próximo a ERC y reconocido independentista, expresó públicamente su voto negativo. Recientemente, esta entidad ha defendido una manifestación preventiva contra el Tribunal Constitucional por el tema del Estatut de Autonomía de Cataluña.

Defiendo la pluralidad ideológica en la democracia. Nada que objetar si la actividad de Òmnium se efectuase con sus fondos. Lo reprobable es que lo haga con dinero público, que incluye también el de los no nacionalistas. Gracias a las ayudas del Gobierno de Entesa y de muchos ayuntamientos catalanes, Òmnium Cultural y las entidades de su órbita han percibido, hasta donde sabemos, más de diez millones de euros en los últimos cuatro años. Además, ha contado con el patrocinio de empresas privadas que «casualmente» han sido beneficiadas con adjudicaciones de la Generalitat. A titulo de ejemplo, la edición de la Nit de Santa Llúcia del año 2008 fue sufragada por Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Caixa. Un dato, Telefónica acababa entonces de arrebatar el contrato de los móviles de la Generalitat a Orange a pesar de que la oferta económica de esta última sociedad (14,85 millones de euros) era más barata que la de la empresa española (15,5 millones).

Òmnium ha sido mimada por Jordi Pujol (en un acto de generosidad y de posible prevaricación le regaló, sin petición previa, 600.000 euros de una herencia adjudicada a la Generalitat), por el tripartito y por los gobiernos locales. Un rosario inacabable de subvenciones, muchas de ellas sin concurrencia, han supuesto una lluvia de millones de euros, libres de control y de fiscalización por parte de las administraciones.

El trato de favor hacia las entidades nacionalistas que defienden el monolingüismo en catalán o la autodeterminación es descomunal y desvirtúa el equilibrio político en Cataluña. Mientras que las asociaciones constitucionalistas trabajan con el sacrificio de sus asociados, las colaboracionistas con CiU y la Entesa nadan en la abundancia. Sus actividades, descaradamente ideologizadas, tienen repercusión electoral y no hay que descartar tampoco que una parte sustancial de las sumas recibidas se desvíe, por vía indirecta, a los partidos nacionalistas.