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El pasado día 15/02/18, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, recibió en Granada el I Premio a la defensa de los derechos y libertades constitucionales, concedido por el Foro para la Concordia Civil en reconocimiento por su amplísima trayectoria como defensor de la libertad en Cataluña.

Sobre la decisión de entregar este reconocimiento, la entidad anfitriona expresó:

José Domingo ha luchado siempre por una Cataluña de todos. Cataluña y España serían hoy lugares peores si no fuera por José Domingo, quien, desde Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano, Asamblea por la Escuela Bilingüe o Societat Civil Catalana, ha defendido nuestros derechos, en condiciones tan adversas como heroicas.

El ejemplo de José Domingo nos demuestra que a la lucha por la libertad se le puede poner rostro y eso es lo que perseguimos entregándole este premio.

A continuación reproducimos el discurso pronunciado por el presidente de nuestra asociación:

DE CONCORDIAS CONSTITUCIONALISTAS Y DISCORDIAS SECESIONISTAS

Muchas gracias al Foro de la Concordia Civil y, especialmente, a su Presidente, Don José Torné-Dombidau; gracias a la Facultad de Derecho que nos acoge en este maravilloso paraninfo; gracias vicedecana por su hospitalidad; gracias al Excmo Sr. D. Francisco Fuentes, Subdelegado del Gobierno; gracias a los concejales del Ayuntamiento de Granada; gracias a Javier Martínez Árbol, alcalde de Montejicar, el pueblo de mis padres en donde tan buenos momentos pasé en mi infancia y juventud; gracias a los compañeros del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social; gracias a todos los compañeros del movimiento asociativo que me propusieron para este premio, gracias a la Asociación por la Tolerancia, a Impulso Ciudadano, a la Asamblea por la Escuela Bilingüe, a Foro de Ermua, y a Societat Civil Catalana, gracias especialmente a Isabel Fernández Alonso;  gracias a mi familia granadina que hoy me acompaña; gracias a mi mujer, Cecilia, y a mi hija, María, por resistir y por apoyarme durante todos estos años de activismo; gracias a todos por estar hoy aquí.

Permítanme que comience hablando de la concordia. Es legítimo tener opiniones diferentes, disentir sobre los asuntos públicos, pero también es verdad que la búsqueda del consenso social, lo que Cicerón llamaba “concordia” es el ideal a conseguir. En sus palabras “el mejor y más apreciado vínculo de todo Estado”.

Por supuesto que la concordia social o civil es compatible con la discrepancia. La discrepancia es tolerable cuando afecta a aspectos no sustanciales, pero cuando afecta a los estratos básicos produce la discordia. Esto es, un corazón se escinde en dos. Ortega, interpreta a Cicerón y nos dice que en caso de discordia, se ha de concluir que dos sociedades dentro de un mismo espacio social son imposibles. Surge entonces la disensión radical que puede llevar a la aniquilación de la sociedad donde sobreviene.  Cuando se pone en cuestión la supervivencia del Estado estamos ante un supuesto de disensión radical. Entonces, el Estado y la sociedad afectada tienen todo el derecho a defenderse para recuperar la concordia.   

¿Cabría preguntarse si lo que ha acontecido en Cataluña desde el año 2011 es un supuesto de disensión radical?

Entiendo que sí. Las instituciones catalanes en connivencia con una parte organizada de la sociedad han tratado -y todavía, al parecer, tratan-  de acabar con el Estado tal como los españoles lo definieron en consenso, esto es en concordia, en el año 1978.

Para ello idearon un proceso -cuidadosamente trazado y tramado- que alcanzó en septiembre y octubre del año pasado su momento culminante. Sus impulsores decidieron ignorar el marco legal español y poner en marcha un periodo revolucionario que conllevaba la desaparición de España y el nacimiento de Cataluña como Estado independiente en el contexto internacional. Para ello, articularon un doble soporte: por un lado, la legalidad alternativa (leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica), y por el otro, la legitimidad de las movilizaciones sociales -el grito de “las calles serán siempre nuestras” (“els carrers serán sempre nostres”) es muy elocuente- que encuentra su expresión máxima en la celebración de un referéndum unilateral convocado por las autoridades catalanas. El proceso culminaba con la declaración  unilateral de independencia.

Las agitaciones sociales, la indisimulada desobediencia de las autoridades nacionalistas y las contradicciones, titubeos y disputas de los actores políticos españoles en las estrategias para frenar el proceso hicieron saltar las alarmas en toda España. En muchas personas se instaló la creencia de que la ruptura del marco convivencial español, tal como lo hemos conocido, era factible.

La necesidad de neutralizar el proceso independentista se convirtió en ineludible.  La aplicación del artículo 155 de la Constitución, la reacción espantada del mundo empresarial, la falta de reconocimiento internacional de la “simbólica” república catalana, la intervención del poder judicial y el providencial discurso del Rey de España el día 3 de octubre han sido factores determinantes, pero sin la movilización que llevaron cabo cientos de miles de españoles (quizás millones) en Cataluña y en el resto de España la ralentización e invalidación del proceso separatista se hubiera complicado mucho más. Sin el concurso de esas grandes manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana el 8 de octubre con el lema “Basta, recuperemos la sensatez” (Prou, recuperem el seny) y las sucesivas del 12 (“Cataluña sí, España también”) y 29 de octubre (“Todos somos Cataluña”) la recuperación de la normalidad habría sido mucho más compleja. Los españoles se movilizaron porque eran conscientes de que estaba en peligro lo sustancial, la propia existencia de la nación. De ahí, la recuperación de la bandera nacional como símbolo que garantiza los derechos constitucionales.

Hoy aquí, en Granada, el Foro por la Concordia Civil premia la reacción de la ciudadanía que reaccionó evitar la disensión radical, la que hace imposible la concordia. Soy consciente, por lo tanto, de que este Premio, aunque identificado ahora y aquí en mi persona, en realidad es coral y que con él se distingue a todas aquellas personas y asociaciones que han dedicado su tiempo, esfuerzo y patrimonio a la defensa de la España Constitucional.

No es la primera vez que el movimiento cívico se pone en marcha para parar los golpes a la democracia española procedentes del nacionalismo identitario y en contextos muy peligrosos.

Decía Vidal de Nicolás -el primer presidente que tuvo el Foro de Ermua- que su deseo era “disfrutar del dulce aburrimiento de la democracia”. No era de extrañar ese deseo. Su activismo y el de su familia le llevó al exilio -este de verdad- tras la Guerra Civil, al internamiento en campos de refugiados en Francia, a las celdas de aislamiento en las cárceles franquistas. Recuperada la democracia en España, en los últimos años de su vida (nos dejó en 2016 con 94 años) su lucha cívica contra ETA le supuso vivir con escolta entre amenazas e insultos (¡sorpréndanse!) de “franquista y fascista”. Por cierto, esas declaraciones se las hizo a mi buena amiga Marita Rodríguez, presidenta de la Asociación por la Tolerancia, con motivo de la constitución de la Plataforma Libertad, allá en el año 2000. Marita, recorre ahora España con la asociación “Hablamos español” pidiendo firmas para una Iniciativa Legislativa Popular a favor del reconocimiento de los derechos lingüísticos a los castellanohablantes en toda España.

Hablaba de la Plataforma Libertad. Esta Coordinadora se constituyó por asociaciones de toda España para denunciar el terrorismo, apoyar a las víctimas y advertir que los principales déficits democráticos de nuestro país eran debidos, en gran parte, a las ambiciones secesionistas. Traigo a colación esta Plataforma porque fue de las primeras en articular un discurso, desde la sociedad civil española, que pretendía impulsar iniciativas destinadas a la movilización, prevención, educación, información y sensibilización de los españoles en la defensa de los principios recogidos en la Constitución española de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Movilizar, prevenir, educar, informar y sensibilizar en la defensa de los valores constitucionales es también la razón de la constitución de Societat Civil Catalana.

Quiero incidir en ello, porque la defensa de los valores constitucionales y de la integridad territorial corresponde a todos los españoles y no es responsabilidad exclusiva o principal de catalanes o vascos. Por proximidad, padecemos más directamente los excesos nacionalistas, y por ello reaccionamos de una forma más activa, pero ello no es excusa para que todos debamos asumir nuestra parte alícuota de responsabilidad social.

A los activistas nos causa especial desazón que la sensación de hartazgo y hastío -motivada por la intensa actividad de los nacionalistas- lleve a muchos compatriotas a expresar públicamente su tentación de arrojar la toalla. La finalización del proceso separatista no pasa por un acto de rendición: “¡Qué se vayan de una vez!”, sino por ayudar intelectual y materialmente a los que padecen de forma más onerosa los ataques nacionalistas.

El abandono nos hace mucho daño. Es profundamente doloroso para los españoles que trabajamos para conservar y mejorar la estructura común y que lo hacemos en condiciones no siempre favorables. “Perdonen las molestias”, que diría Fernando Savater, pero nuestra lucha debe ser compartida.

Tan lacerante como la rendición, es la confusión de la parte con el todo cuando identifican a Cataluña o los catalanes con el nacionalismo o el secesionismo. Así, sin matices. Puedo entenderlo en la programación de TV3 o en los discursos de próceres independentistas, pero en la denominación de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o en los telediarios de las cadenas nacionales me resulta menos soportable. Las grandes movilizaciones del mes de octubre y el resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 han ayudado a clarificar el panorama y casi nadie -ni siquiera los propios nacionalistas- se atreve ya a poner en el mismo saco ideológico o identitario a toda la sociedad catalana. No, no somos “un sol poble” en la interpretación asimilacionista que hace el nacionalismo. Por ello, también pediría que se fuera especialmente cuidadoso en las generalizaciones. -Hacerlo aquí es especialmente innecesario, puesto que el Foro de la Concordia Civil sabe distinguir y hoy  está homenajeando precisamente a los catalanes no nacionalistas.

La asunción de la realidad plural catalana -también en lo que respecta a la identidad- tiene unas consecuencias políticas innegables. El primer paso para superar el denominado desafío independentista (olvidemos ya lo del desafío catalán) es la asunción de que la realidad española no es cuestionada por millones de catalanes. Es así que cualquier solución política pasa por el acuerdo entre los propios catalanes y pretenderla dejando al margen a los millones de catalanes no nacionalistas es enquistar el conflicto, sembrar la discordia en el seno de la sociedad catalana.  De la misma manera que sería contrario a la concordia que no se asumiera por el conjunto de los españoles la realidad plural española.  

Para el acuerdo es fundamental asumir el concepto de solidaridad, elemento nuclear en el que se ha de basar nuestro modelo de convivencia. El sujeto político es el pueblo español -ha quedado evidenciado en las espontáneas muestras de solidaridad que han aflorado a partir del momento en que se tuvo la sensación de que peligraba la nación cívica articulada en la Constitución de 1978. Ese hecho, la existencia del pueblo español, nos da derecho a todos los españoles a participar y a decidir sobre lo que pasa en su país. Los granadinos tienen todo el derecho a intervenir activamente en el proceso catalán porque lo que allí acontezca les afecta de una manera nuclear e integral. Igualmente, y al margen de que muchos de los que ahora vivimos en Cataluña tenemos orígenes o ascendientes andaluces, por nuestra condición de españoles disfrutamos del derecho a expresar nuestra opinión y a tener en cuenta también los intereses andaluces a la hora de elegir nuestros representantes. De ahí que resulte especialmente ofensivo el supremacismo nacionalista que trata de expulsar del terreno de juego político catalán a millones de españoles -a los que además humilla con calificativos inaceptables como vagos, fascistas, ladrones u opresores- y en la máxima expresión de paroxismo, por no decir xenofobia, también lo quiere hacer con millones de catalanes a los que sin rubor trata de colonos o inadaptados por no ser nacionalistas o expresarse en castellano. Por cierto, en ese paquete se incluyen a muchos andaluces o descendientes de andaluces que fueron a Cataluña a trabajar honradamente.

Quiero finalizar mi intervención advirtiendo que la razón de ser de los movimientos sociales no es la de sustituir a los partidos políticos. La representación popular se plasma en una democracia parlamentaria en los resultados de las elecciones. Por ello, me parece especialmente perverso que las influyentes organizaciones que componen el movimiento independentista traten de imponer con formas poco sutiles e incompatibles con el civismo sus  postulados  en las instituciones. Creo en que es imprescindible la potenciación y movilización de las asociaciones cívicas pero para convencer y concienciar, no para imponer ni sustituir a los partidos políticos.

Lo dicho es compatible con la articulación de un movimiento cívico constitucionalista influyente en España que reconociendo nuestras diferencias y sensibilidades no haga muros con ellas,  sino instrumentos que faciliten la concordia.

Muchas gracias.

Granada, 15 de febrero de 2018.